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Tanto los sindicatos con representación en la junta de
personal del Ingesa como la propia senadora Luz Elena Sanín
ponen en duda los datos aportados por el Gobierno sobre el
número de extranjeras atendidas en el parto. Con ser 259 en
apenas ocho meses una cifra importante, las instancias
mencionadas creen que las cifras reales son mucho mayores.
El coste de esta asistencia está generando un debate cada
vez más extendido. “Llevamos tiempo preguntando quién se
preocupa de reponer a las arcas públicas del Estado español
el gasto que genera al Ingesa esta asistencia sanitaria”,
apuntó el secretario general del Sindicato de Enfermería,
Satse, Emilio Barrientos.
En realidad, la clave está en saber quién aporta ese dinero
y de donde se detraen recursos para poder prestar esa
asistencia. “Queremos saber quién abona ese dinero. Si es el
Gobierno central el que lo aporta a la dirección territorial
del Ingesa en Ceuta, quién se lo paga a él. ¿O tal vez esas
cantidades se detraen del presupuesto global con que cuenta
el Ingesa y es dinero que luego no se invierte en contratar
más personal, en mejorar la atención al usuario, aliviar las
listas de espera, reducir el número de traslados a la
Península...?”, continuó preguntándose Barrientos.
Casi ningún sindicato cree que las extranjeras supongan el
30 por ciento de los partos atendidos en Ceuta, sino muchos
más. El porcentaje se ha convertido en una especie de mantra
que se airea por parte del Ingesa cada vez que vuelve a
saltar la polémica al debate público.
Aunque tal vez el problema no sea una cuestión de
porcentajes. Sino de financiación. Muchos son los
sindicatos, entre ellos Satse, que se preguntan por qué no
se ha llegado a un acuerdo con Marruecos para establecer
unos mecanismos de financiación como en la asistencia
transfronteriza que se presta a los ciudadanos de la Unión
Europea. El Gobierno de España ha regulado este mismo año el
turismo sanitario por parte de ciudadanos comunitarios
mediante una fórmula que permite a los miembros de la Unión
recibir asistencia médica en la sanidad pública española a
cambio de que el país de nacionalidad del usuario abone
después a España el coste de la atención recibida.
Sin embargo, esta normativa sobre asistencia sanitaria
transfronteriza no atañe a Marruecos, que aun siendo un país
fronterizo con España y, muy particularmente, con las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no pertenece a la
Unión Europea.
Es bien sabido que la solidaridad y el respeto a los
derechos humanos, aun siendo valores muy loables, suelen
tener un precio, y en este caso España debería buscar la
manera de sufragarlo.
Porque lo cierto es que muchos marroquíes del hintherland de
Ceuta aún disponiendo de algunos servicios sanitarios en su
país prefieren acercarse hasta la ciudad autónoma para
recibir una asistencia sanitaria que consideran de mayor
calidad. La demanda de servicios de ciudadanos
transfronterizos no se circunscribe, por supuesto, a la
asistencia sanitaria. Pero es en este nivel donde más se
aprecian sus consecuencias, máxime en un periodo de la
historia económica de España dominado por una profunda
crisis y duras políticas de reajuste presupuestario.
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