Después de unas vacaciones algo
prolongadas facilitadas por nuestra independencia laboral
(el tiempo de tener que aprovechar el permiso para
disfrutarlas ya se acabó) y de haber tenido una avería en
nuestra herramienta de trabajo, el ordenador, que también
nos ha paralizado nuestra actividad informativa (la lectura
de la prensa local y nacional diaria, por ejemplo), nos
vemos de nuevo abocados a la tarea de rellenar folios y
enviarlos a la redacción de nuestro periódico para su
publicación. Y hoy nos ha dado por las contraindicaciones de
los políticos o, lo que es lo mismo, nos vamos a permitir
señalar ciertas actuaciones de éstos que nos obligarían a
disuadir de la utilidad para la que fueron elegidos,
políticamente hablando.
Y así vemos a políticos corruptos que, en cuanto llegan a
desempeñar un cargo, lo convierten en “imposición a plazo
fijo”, o sea, obtienen una rentabilidad sin más esfuerzo o
dedicación que el de utilizar corruptelas, tráficos de
influencia, admisión de obsequios valiosos, comisiones por
“encargos” de ciertos “trabajos”, en fin, una amalgama de
actuaciones que, aun cuando de naturaleza contraria o
distinta, sirven para obtener los frutos deseados. Luego
presumen de ser personas “honestas y austeras” (¿).
Habíamos dicho contraindicaciones porque con los políticos
(por suerte para los votantes del pueblo llano que cree o no
en lo que ellos dicen antes y hacen después de las
elecciones) no en todos se dan estas circunstancias y así
los podemos comparar, por ejemplo, con los medicamentos que
te sirven para bajar, cuando alcanzan determinado grado, los
niveles de colesterol, de glucosa, de acido úrico o para
remediar cualquier dolencia reumática y se encuentra uno con
una sarta de recomendaciones por lo perjudicial que puede
resultar la ingesta de una prescripción con otras dolencias
que se pudieran padecer y que acarrearía otra alteración de
la salud. Y vemos como se recomienda no tomarlo si se es
alérgico a tal o cual medicamento, si se ha ingerido
alcohol, si ha tomado fármacos anti-depresivos, si padece
enfermedad hepática grave, si tiene dificultades
respiratorias, si está en tratamiento de ciertos
antibióticos … o sea, la intemerata. Pues lo mismo habría
que hacer con los políticos: ponerles un régimen de
contraindicaciones en el reglamento electoral como, por
ejemplo, la prohibición de utilizar un Mistere para sus
viajes particulares, la prohibición de hacer negocios desde
los despachos oficiales, el uso y abuso del poder cuando se
exceden las facultades y atribuciones que tienen conferidas,
la prohibición de pertenecer a consejos de administración de
empresas públicas o privadas en las que pudieran darse casos
de influencia, la admisión de regalos consistentes en joyas,
vehículos de alta gama, solares o participaciones
empresariales. Exigirles, también, una declaración de
patrimonio contrastada con los registros oficiales de esos
patrimonios, de bienes muebles o inmuebles y de imposiciones
a plazos fijos o cuentas corrientes en entidades bancarias,
en España o en el extranjero y otros muchos etcéteras que
podríamos enumerar. Así se evitaría que gente como Ernest
Benach, de Ezquerra Republicana de Cataluña, que “debió
pensar que un cargo como el suyo merecía disponer de un
coche propio de una estrella de cine, seguramente porque en
sus inicios como barrendero y jardinero –con todos nuestros
respetos a los nobles oficios de limpiar calles y cuidar
nuestros jardines- nunca pensó quien podía llegar tan alto
viniendo de tan bajo, no tuvo por menos que subirse a unas
cuatro ruedas dignas de transportar a Bill Gates: un Audi
A-8 Limusina” de 130.000 euros con adicionales (léase el
”Negocio del Poder” de Federico Quevedo y Daniel Forcada).
Es el botón de la muestra, aun cuando existen algunos que se
dedican a presumir de ocupaciones y, en legislaturas
diferentes, se han hecho acreedores de distintas
profesiones: ingeniero sin terminar la carrera o piloto. Y
otros, como nuestro presidente del Puerto, que se dedica a
facilitar estadísticas camufladas para acreditar su “buena
gestión” confundiendo porcentajes de incrementos de tráfico
con el número de barcos, pasajeros o mercancías entrados y
salidos del puerto.
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