La diputada de UDCE en la Asamblea Fatima Hamed registró
ayer cuatro alegaciones a las ordenanzas medioambientales de
la Ciudad Autónoma, en cuya reforma trabaja la
Administración local.
En el texto regulador del uso y conservación de las zonas
verdes el primer grupo de la oposición propone que “encender
fuego en lugar no autorizado” se tipifique como infracción
muy grave en lugar de grave, así como que se regule la
prescripción de las faltas en periodos de entre seis meses y
tres años en función de su gravedad.
En cuanto a la Ordenanza reguladora de vertidos a la red de
alcantarillado se insta a que las sanciones actuales, que
llegan a un máximo de 901 euros, se amplíen a un arco de
entre 600 (las leves) y 3.000 (las muy graves).
A la Ordenanza de ruidos, vibraciones y otras formas de
energía se propone ampliarle su objeto social y que
comprometa a la consejería de Medio Ambiente a que
desarrolle “mecanismos de información a la población sobre
la incidencia de la contaminación acústica en la ciudad”.
UDCE cree que sería conveniente también fijar como
preceptiva la presentación de un informe de evaluación de la
incidencia acústica sobre el medio ambiente antes de
conceder cualquier solicitud para la instalación,
modificación, ampliación o traslado de actividades
potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones.
Para terminar el grupo que lidera Mohamed Ali insta a la
Ciudad a “tener en cuenta” también las aportaciones que a
este trabajo pueda hacer el Consejo Sectorial de Medio
Ambiente y a que todas las ordenanzas del ramo se fundan en
un único cuerpo legal.
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