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Vetada la artimaña de buscar la salida hacia un CIE de la
Península mediante la comisión de un delito menor, los
inmigrantes persistan en su actitud de desobeder las
resoluciones que les impiden concentrarse en la Plaza de los
Reyes “sólo conseguirán acelerar la resolución de sus
expedientes administrativos en España y ser expulsados
antes”.
Durante el año pasado las autoridades españolas tramitaron
la repatriación de casi 7.600 foráneos por expedientes
ligados a la comisión de delitos (el 46%, contra el
patrimonio, el 19% contra las personas, el 8% contra la
salud pública y el 5% de violencia de género, mientras que
el resto estaban relacionados con otros tipos delictivos).
Estas expulsiones engloban los casos en los que la
repatriación puede sustituir a la pena en las situaciones de
libertad definitiva o condicional y en los supuestos de
presos preventivos y conllevan la prohibición de entrada en
‘territorio Schengen’ durante 10 años.
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INMIGRACIÓN
