La construcción ilegal en la ciudad autónoma tiene a veces
vertientes singulares, como la que se ha dado en un caso
detectado y denunciado por la Guardia Civil en las
inmediaciones de la frontera, en un punto por el que por
razones de seguridad sólo pueden transitar las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y personas con la debida
autorización. La denuncia fue interpuesta el pasado día 17
por los agentes del servicio de protección de la naturaleza,
Seprona, quienes dieron parte a la Consejería de Fomento
para que sus técnicos realizaran el pertinente informe en
aplicación de la Ordenanza de Disciplina Ubanística.
La construcción ilegal en la ciudad autónoma tiene a veces
vertientes singulares, como la que se ha dado en un caso
detectado y denunciado por la Guardia Civil en las
inmediaciones de la frontera, en un punto por el que por
razones de seguridad sólo pueden transitar las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y personas con la debida
autorización.
Tal como confirmaron ayer desde la institución, la denuncia
se llevó a cabo en concreto, el pasado 17 de agosto por
parte de los agentes del Servicio de Protección de la
Naturaleza (Seprona) tras constatarse la existencia de una
construcción sin autorización situada junto al morabito de
Sidi Brahim. Este edificio de culto musulmán se sitúa a
escasos metros de la carretera nacional que recorre el
perímetro fronterizo, la N-632, y muy cerca por tanto
también de la valla que separa los territorios español y
marroquí.
Desde el Seprona se dio aviso de la situación a la
Consejería de Fomento, departamento que ostenta la
competencia en materia de Disciplina Urbanística y que envió
a sus técnicos para la realización del correspondiente
informe. Según se informó a este diario desde la consejería,
la edificación que se estaba llevando a cabo junto al
morabito tiene una superficie de unos 55 metros cuadrados.
Este expediente se suma así a los múltiples que desde que se
reformara la Ordenanza de Disciplina Urbanística se han
llevado a cabo desde el departamento que dirige Juan Manuel
Doncel con el fin de atajar las construcciones no
legalizables que se encuentran en sus inicios.
El trabajo emprendido desde este área de la Ciudad Autónoma
para atajar estas obras ilegales “incipientes” ha dado ya
lugar, tal como informaba este diario en su edición de ayer,
a expedientes con propuestas de sanción que superan los
90.000 euros. Este es el caso de una edificación sin
licencia en la barriada de Benzú, otra de las zonas en las
que se trabaja con el fin de impedir que este tipo de
construcciones y de ocupaciones del dominio público sigan
proliferando.
La nueva normativa de la que dispone la Ciudad desde el
pasado mes de julio permite agilizar el procedimiento de
denuncia y derribo de edificaciones ilegales “incipientes” y
ya se ha aplicado, además de en Benzú, en la barriada del
Príncipe y en Los Rosales.
Más agilidad
La renovada ordenanza permite a Fomento encargar a la
policía el precinto de obras ilegales, cuya violación podrá
considerarse como un delito de desobediencia a la autoridad.
Según destaca el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel,
tras la limpieza de 19 “parcelas” ocupadas de forma ilegal
en una zona verde aledaña al colegio Reina Sofía, en estos
momentos se trabaja también en Poblado Sanidad y en el
Sardinero.
En lo que respecta al Príncipe, donde proliferan de forma
especial este tipo de edificaciones no legalizables se han
llevado a cabo cuatro de estas operaciones, que se
desarrollan a medida que avanza el Plan de Urbanización de
la barriada.
Hasta el “refuerzo” de esta Unidad anunciado por Doncel este
verano y desde comienzos de año, la Unidad de Disciplina
Urbanística había incoado un total de 53 expedientes por
obras sin licencia. Por su parte, la Policía Local
contabilizaba en el mismo período 70 actuaciones de
inspección y/o denuncia de obras ilegales.
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