Los vertederos ilegales molestan cada vez más a los ceutíes
pero se trata de una práctica que ha ido disminuyendo de
manera exponencial durante el último lustro gracias a la
acción del Seprona y la Consejería de Medio Ambiente. Según
la Guardia Civil, se ha pasado de los 127 vertederos en 2005
a los 32 de este año. Sin embargo, todavía sigue siendo muy
abultado el número de vehículos abandonados, que tienen la
consideración de residuo peligroso, y que ha dado pie en lo
que va de año a 87 infracciones.
La lucha contra los vertidos ilegales en la ciudad autónoma
ha empezado a dar sus frutos, a juzgar por las estadísticas
de infracciones denunciadas por el Servicio para la
Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Según explicó a EL PUEBLO el equipo de investigación del
Seprona, en cinco años se ha pasado de 127 vertederos, 46 de
ellos con un autor localizable, a los 32, de los cuales 18
también poseen un infractor identificable. “La Consejería de
Medio Ambiente ya tiene limpios la mayor parte de los
vertederos que existían en la ciudad hace un lustro”,
indicaron los agentes.
El control de vertidos tanto de inertes como de líquido
cuenta hoy con una importante colaboración ciudadana. El
equipo de investigación explicó que hace un mes fueron los
propios vecinos de Benzú los que alertaron a la patrulla de
la Guardia Civil de que se estaba produciendo un vertido de
lubricante al mar. Tras diferentes pesquisas, se pudo
determinar que una de las industrias de la zona había
vertido a la red de aguas pluviales 200 litros de aceite de
motor. Fue fácil determinar su origen, porque el Seprona se
encarga de hacer estudios de impacto medioambiental de cada
nueva actividad que se instala en una zona, lo que permite
medir con exactitud los riesgos y localizar a los posibles
autores de este tipo de infracciones.
En Loma de las Piedras también se identificó un taller de
automóviles que para ahorrarse el coste de la eliminación de
residuos había creado hasta cuatro puntos de vertido. Se
abrieron diligencias administrativas y el autor limpió lo
que pudo. Pero había mucho más que hacer, porque normalmente
la creación de un vertedero ilegal atrae a más personas a la
hora de deshacerse de lo que le resulta molesto.
Además, en materia de vertidos también hay que tener en
cuenta el abandono de vehículos, que tienen la consideración
de residuo peligroso. De esta infracción el Seprona ha
detectado hasta 87 en lo que va de año. También se
denunciaron siete infracciones por vehículos de gestión al
final de su vida útil, es decir, producidas por empresas de
automoción que acumulan coches en mal estado en determinados
puntos. Una empresa ha sido sancionada con hasta 300.000
euros por esta práctica. En 2009 se denunciaron 16
infracciones de estas características.
Un problema que, sin embargo, parece prácticamente
erradicado son los vertidos al mar procedentes de la red de
saneamiento. En esta caso son la Ciudad Autónoma y la
empresa municipal del agua, Acemsa, las que,
involuntariamente, vierten aguas fecales a la playa. Sin
embargo, desde el Seprona aseguran que estas infracciones
han sido atajadas desde 2008. En 2007 todavía se detectaron
nueve de ellas pero el año anterior había sido sólo dos.
Con todo, desde el Seprona se asegura que no se persigue
tanto una actividad sancionadora implacable como educar y
prevenir. Por eso, aunque el equipo de investigación puede
trabajar de paisano, utiliza sus uniformes y coches
oficiales para ejercer una fuerza disuasoria más que
sancionadora sobre los posibles infractores que se puedan
ver tentados a verter residuos.
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En Ceuta no se producen apenas delitos medioambientales
La actividad de los tres miembros
del equipo de investigación del Seprona se centra
básicamente en la detección de infracciones administrativas,
porque apenas si existen delitos medioambientales. “En la
ciudad no tenemos industrias grandes que produzcan
contaminación. Las tuvimos, pero ya se corrigieron las
negligencias”, apuntan desde el Seprona. Para que una acción
tenga la consideración de delito medioambiental se tiene que
alterar gravemente el ecosistema natural. Y en una ciudad
tan pequeña estas acciones son fáciles de detectar. En todo
caso, continuaron desde este cuerpo de la Guardia Civil, las
sanciones administrativas puede ser más eficaces que el
Código Penal.
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