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“¿Debemos olvidarnos definitivamente de la posible
construcción de la planta de biodiésel?”. “Parece que sí”,
respondió ayer el consejero de Economía de la Ciudad,
Guillermo Martínez, a los periodistas, a los que sólo dejó
abierta la puerta de que “administrativamente se resuelva lo
contrario”, algo inviable a la luz de los argumentos
“técnicos” que esgrimió.
El consejero de Economía, Empleo y Turismo del Gobierno de
Ceuta, Guillermo Martínez, dio ayer por descartada de forma
definitiva la posible construcción de una planta de
biodiésel en el puerto local en base a los criterios
“técnicos, exclusivamente técnicos”, recogidos en los
informes emitidos en julio “por Sanidad ambiental y Medio
Ambiente”, que según recordó “no avalan por seguridad para
las personas” su ubicación a menos de 2.000 metros del
núcleo urbano más próximo, tal y como prevé el Decreto
2414/1961 del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP).
Martínez explicó que el proyecto al que la Autoridad
Portuaria de Ceuta adjudicó dicho proyecto en 2007 planeaba
su instalación “a 400 metros” de la Junta de Obras del
Puerto pese a prever el almacenamiento de metanol, una
sustancia que es “altamente inflamable”, resaltó.
La empresa Biocarburantes del Estrecho, adjudicataria de la
instalación y explotación de dicha planta, cuyas obras
preveía iniciar en octubre, reiteró ayer en declaraciones a
este periódico que sigue sin tener constancia formal de la
posición de la Ciudad sobre el proyecto y que espera a
tenerla para obrar “en consecuencia”.
Hace ya casi dos meses la empresa criticó a través de un
comunicado de prensa el “irregular” proceso administrativo
seguido por la Administración local para otorgar las
licencias preceptivas que debían permitir el inicio de las
obras de construcción de la planta y advirtió de que
impugnará “cualquier desarrollo industrial o logístico de la
ciudad o del puerto de Ceuta para no ser víctimas de un
agravio comparativo de imposible justificación”.
La inversión prevista en el proyecto ascendía a 72 millones
de euros, “la mayor inversión de capital privado en la
historia de la ciudad” según Biocarburantes, presupuesto con
el que se crearían “entre 100 y 150 empleos directos e
inducidos”. En diciembre del año pasado la Comisión Delegada
del Gobierno central para Asuntos Económicos acordó la
concesión de incentivos regionales por valor de 6,8 millones
para contribuir a crear 30 empleos a través de la
construcción y puesta en funcionamiento de la planta.
“Inseguridad jurídica”
La adjudicataria del proyecto ha rebatido los informes de la
Ciudad advirtiendo de que “la decisión de proseguir con los
trámites del proyecto es eminentemente política” y, tras
solicitar “someter la decisión a un árbitro independiente,
de reconocido prestigio, y elegido de mutuo acuerdo entre
las partes”, alertó de que su cancelación “sería un acto de
inseguridad jurídica que tendría un efecto muy negativo
sobre las capacidades futuras de atraer inversiones por
parte de Ceuta”.
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