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El Real Decreto 5/2000 por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social contempla sanciones como la pérdida de entre 3
y 6 meses de prestaciones o su extinción definitiva para
aquellos beneficiarios de prestaciones por desempleo que
incurran en infracciones consideradas “graves” como las de
“rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por
los servicios públicos de empleo o por las agencias de
colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la
colaboración con aquéllos, salvo causa justificada” o
“negarse a participar en los trabajos de colaboración
social, programas de empleo, incluidos los de inserción
profesional, o en acciones de promoción, formación o
reconversión profesional, salvo causa justificada, ofrecidos
por los servicios públicos de empleo o en las acciones de
orientación e información profesional ofrecidas por las
agencias de colocación” en colaboración con las
instituciones.
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trabajo
