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La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Recursos
Humanos, prevé fomentar la formación y la mejora de las
cualificaciones de los empleados públicos. Este plan está
recogido en el acuerdo entre Gobierno y sindicatos para el
empleo público en el marco del diálogo social, un texto
anexo al convenio regulador.
El Acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para el empleo
público en el marco del diálogo social 2010-2014 y que se
incluye en el nuevo convenio regulador de los funcionarios
de la Administración, incluye, además del plan de igualdad
para los trabajadores y los programas de administración
electrónica -que ya adelantó el sábado este diario-, nuevos
proyectos y medidas para aumentar la capacitación
profesional. Y es que, según reza el documento, este aspecto
constituye “un elemento esencial en la estrategia de
modernización de las Administraciones Públicas y un factor
básico para articular la movilidad y la promoción”.
Por lo tanto, “con vistas a tomar el impulso modernizador de
la Ciudad Autónoma de Ceuta con el resto de las
Administraciones Públicas”, el Ejecutivo desarrollará
actividades formativas “en cooperación” con los institutos y
Escuelas de Formación de las Comunidades Autónomas y con la
FEMP, y en especial con la provincia de Melilla y con la
Junta de Andalucía para redundar esta “mejora de las
cualificaciones de los empleados públicos, que habrá de
entenderse en sentido amplio como conocimientos,
competencias y aptitudes”. En este sentido, la formación
constituye una herramienta estratégica para la consecución
de objetivos en el marco de un nuevo modelo productivo y de
economía sostenible. Por ello la Ciudad, “en aras a
articular su política modernizadora conducente al
establecimiento de unos servicios públicos de calidad,
otorga un carácter prioritario a la formación de sus
empleados públicos como elemento estratégico”. Además, el
Ejecutivo trabajará para llevar a cabo las actuaciones
necesarias para “impulsar y agilizar los procesos de
consolidación de empleo a puestos de carácter estructural
que se encuentren desempeñados interina o temporalmente con
anterioridad al 1 de diciembre de 2009”. Así, se impulsarán
las medidas previstas en el Estatuto Básico del Empleado
Público, entre ellas la Disposición Transitoria Cuarta sobre
la consolidación de empleo, dirigidas a fomentar la
estabilidad en el empleo público y la reducción de las tasas
de temporalidad hasta un máximo del 8%.
Así, durante el período de vigencia del acuerdo regulador,
la Administración “se compromete” a adoptar las medidas
necesarias para la consolidación definitiva del empleo
temporal de naturaleza estructural anterior a esta fecha
citada, de manera que al final de dicho período se hayan
convocado todos los procesos de consolidación que en los
ámbitos de negociación correspondientes se entiendan
necesarios para la consecución de ese fin.
Además, la Dirección General de Recursos Humanos analizará
la temporalidad en el empleo público por sectores y ámbitos
específicos y propondrá las actuaciones a realizar para que
el porcentaje de trabajadores temporales al servicio de la
Administración de la Ciudad “se reduzca” y en cualquier
caso, no supere en términos homogéneos de efectivos esa tasa
del 8%. Como consecuencia de los trabajos que se realicen
podrán desarrollarse planes de estabilidad cuyo objetivo
será corregir la temporalidad en un ámbito concreto.
En definitiva, “sólo se recurrirá a trabajadores temporales
para atender necesidades coyunturales o cubrir plazas
estructurales mientras éstas últimas no se provean por
cualquiera de los mecanismos ordinarios previstos en la
legislación aplicable”.
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