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Aquel alumno, ya veterano, a punto
de agotar su escolaridad, en la antigua Educación Primaria,
era la atracción de recreo. Desenvolvía ávidamente su
bocadillo, formado por una buena “molleta” y en el interior
varias rodajas de buen chorizo. Enseguida se veía rodeado de
varios “seguidores”, a los que “obsequiaba” con un
“pellizco” de su bien recibido reparador “tentetieso”. Era
como un rito diario. El acontecimiento se repetía todos los
días lectivos, e imagino que los “comensales” lo echarían
mucho de menos, los fines de semana.
El “afortunado” alumno, en su tiempo libre, sin compromisos
escolares, “echaba una mano” al dueño de una tienda de
comestibles como “chico para todo”, y una de las
compensaciones era el bocadillo diario que, antes de llegar
al colegio, lo recogía de la tienda.
A nadie le preocupaba, en esos momentos, que lo que se
consumía en el tiempo del recreo, originaría tan serios
problemas como lo que Sanidad ha presentado en estos
momentos. Se trata de un documento sobre la alimentación en
los centros educativos, donde se pone de relieve que la
obesidad representa un serio problema para la población
escolar, con el argumento que dicho problema representa el
7% del gasto sanitario.
La llamada “guerra” contra bollos y golosinas, se encuentra
con la oposición, lógicamente, de las patronales
alimentarias; los médicos consideran superfluo a la hora de
combatir la mala alimentación de los escolares.
El proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria, en principio,
habla de prohibir “la venta de alimentos con un alto
contenido de ácidos grasos trans, sal y azúcares sencillos,
ya sea mediante máquinas expendedoras o en cantinas o
locales similares en centros escolares, y cita como producto
a desterrar los refrescos, caramelos, golosinas, polos,
sorbetes, chocolates y aperitivos salados.
El documento veta también la instalación de máquinas
expendedoras en aquellas zonas donde pueda tener acceso a
ellas el alumno de Educación Infantil, Primaria y/o
Educación Especial. Además, se eliminará la publicidad de
las máquinas situadas en zonas de Educación Secundaria.
Las Comunidades Autónomas dieron su respaldo al Ministerio
de Sanidad, para poner límites a los alimentos
hipercalóricos que, hasta ahora, se vienen vendiendo en los
Colegios.
Como viene siendo norma, nuestros dirigentes, después de
conseguir crear la polémica entre el sector seleccionando,
empieza a realizar las matizaciones consiguientes, es decir,
al final se prohibirá la oferta de bollería y refrescos,
sino que sanidad se ha inclinado por dar una serie de
recomendaciones orientativas que deberán cumplir los
productos con mayor aporte energético en los centros
educativos. Un primer paso para combatir la obesidad y el
sobrepeso infantil.
Sanidad mantiene la recomendación “que no haya máquinas
expendedoras en los Centros de Primaria, ya que no cuentan
con la supervisión de un adulto, pero sí existirán en los
Institutos de Secundaria.
El documento también establece toda una serie de consejos
para los menús escolares: desde el tiempo que debe dedicar
el alumno a comer de forma relajada (30 minutos) hasta la
frecuencia para consumir los platos (por ejemplo, arroz,
sólo una vez por semana.
El gobierno ha declarado la guerra a los populares: Donuts,
Phoskitos, bollicaos… que tantas generaciones de niños han
hechos felices.
Voces autorizadas comentan que “no discutimos que la
intención del Gobierno sea bueno. Sin embargo, está
erróneamente planteada. No hay alimentos buenos ni malos,
sólo dietas equilibradas o no. Algo que estas medidas
contradicen proscribiendo determinados alimentos.
Sin duda, la normativa de Sanidad persigue dar un marco
equitativo a las Comunidades Autónomas, ante la perspectiva
de que cada región actuara por su cuenta en lo referido a la
alimentación de los más pequeños.
Murcia ha sido la primera de las Autonomía que se ha
adelantado –ya desde Mayo- a luchar contra las calorías en
los Centros Educativos. Dispone del conocido decreto de
“guerra a la chuches”, que, dicho sea de paso, es una
normativa aún más restrictiva que la propuesta por Sanidad.
La Federación Española de Industria de la Alimentación y
Bebidas (FIAB) manifestó que este tipo de medidas
contradicen a la Comunidad Científica, que desde hace años
considera que este es un problema multifactorial en el que
la educación, la alimentación y la actividad física son
igual de importantes.
También las Asociaciones de Padres señalaron que la
industria debería implicarse en este asunto de salud pública
y establecer una serie de directivas para evitar las grasas
y elementos perjudiciales, para mejorar la salud de los
alumnos.
Pero, ¿es el momento más oportuno para pensar en medidas que
mejoren la alimentación de los colegios, cuando existen
otras necesidades más urgentes del Sistema Nacional de Salud
que atender? Interesa, para finalizar, que la lectura de la
que puede ser definitiva normativa, se refiere solamente a
centros públicos, lo que significa que los concertados y
privados no se verán afectados por la misma. No creo que
todo ello se convierta en un grave problema, porque al
final, si la industria no se compromete a mejorar sus
productos, ¿quiénes van a controlar lo que consumen nuestros
alumnos, en ese espacio tan deseado por ellos, el recreo?
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OPINIÓN / EL MAESTRO
