|
El líder del PSOE de Ceuta compareció ayer ante los medios
para denunciar que la Ciudad ha adjudicado provisionalmente
a Urbaser el servicio de transporte de basuras por 54,5
millones con el propósito de beneficiar al diputado ceutí,
Francisco Antonio González Pérez, que ha pedido al Congreso
ser consejero de STAMP, naviera a la que la empresa
subcontrata para el transporte.
El PSOE de Ceuta anunció ayer que denunciará de inmediato
ante la Comisión del Estatuto del Diputado la situación del
parlamentario ceutí Francisco Antonio González Pérez después
de que el Ejecutivo local que preside Juan Vivas, también
del Partido Popular, haya adjudicado provisionalmente el
servicio de transporte de basuras desde la ciudad autónoma a
la Península para los próximos seis años por un importe de
54,5 millones de euros a Urbaser, que a su vez presenta como
subcontrata a la naviera local STAMP, de la que el diputado
pidió al Congreso en febrero poder ser consejero
independiente.
En declaraciones a los medios el secretario general del PSOE
regional, José Antonio Carracao, alertó de que “la relación
del PP con las basuras huele cada vez peor, tanto en
Alicante como en Ceuta” y exigió al Gobierno ceutí que
revise la adjudicación provisional del servicio, contra la
que dijo que “le consta” que otros licitadores ya han
emprendido acciones legales.
“El Ejecutivo de Vivas sabía desde el principio que STAMP
aparecía en el expediente de Urbaser pero aún así siguió
adelante para favorecer a su alto cargo”, denunció el líder
socialista, cuyo Grupo Parlamentario en la Asamblea llevará
mañana una moción de urgencia sobre este asunto al Pleno.
Carracao recordó que tanto la Ley de Contratos del Sector
Público como la de Régimen Electoral General dejan en una
“clara condición de incompatibilidad” al diputado ceutí, que
el pasado 15 de febrero modificó su declaración de intereses
ante la Cámara Baja para dar cuenta de su condición de
“consejero de la naviera STAMP, cuya actividad son líneas de
cabotaje en régimen de carga”.
“La Ciudad lo sabía”
“Poco más de un mes después, en abril, la Ciudad inició el
trámite de adjudicación del servicio público de transporte
de basuras a sabiendas, tal y como establece el pliego de
condiciones del concurso, de que STAMP figuraba como
subcontrata de Urbaser y de que González Pérez es su
consejero”, criticó el socialista.
Según fuentes del Gobierno local la propuesta económica de
Urbaser era 300.000 euros anuales inferior a la de sus
contrincantes por el concurso, alguna de las cuales “ha
iniciado acciones legales” contra la resolución del mismo,
según el dirigente del PSOE, quien considera que el artículo
159.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General afecta
de lleno al diputado cuando veta a los de su clase “el
desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de
dirección, representación, asesoramiento o prestación de
servicios en compañías o empresas” que realicen obras o
servicios “que se paguen con fondos de organismos o empresas
del sector público estatal, autonómico o local”.
|
partido socialista
