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La realización de obras ilegales
en viviendas, y la utilización de trabajadores en situación
irregular para acometerlas, se está convirtiendo en un
problema de primera magnitud en la ciudad autónoma.
Circunstancia que explicaría el celo de la Policía y la
unidad administrativa específicamente habilitada para este
menester que ha dispuesto la Ciudad Autónoma. Los autores de
este tipo de irregularidades intentan esquivar los estorbos
burocráticos que podrían dilatar o impedir las supuestas
mejoras que pretenden emprender en sus domicilios. Sin
embargo, los filtros administrativos son ineludibles si se
pretende construir o derruir en condiciones de seguridad y
dentro del más escrupuloso respeto a la integridad física y
los derechos de los trabajadores.
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OPINIÓN / EDITORIAL
