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La Ciudad Autónoma ha reforzado en la última semana “y
seguirá haciéndolo a lo largo de esta” una unidad
administrativa específica creada por Fomento para “reprimir
las edificaciones ilegales”. Este fue el anuncio realizado
ayer por la portavoz del Ejecutivo, Yolanda Bel, en relación
con la existencia, desvelada por EL PUEBLO, de nuevos
núcleos de construcción no autorizada en terrenos que además
de ser de titularidad pública están declarados como zona
verde y situados en la barriada de Príncipe Alfonso.
La Ciudad Autónoma, en concreto, la Consejería de Fomento,
informará en el plazo aproximado de 15 días de los
resultados del “refuerzo” que se ha realizado en los
mecanismos de control de la disciplina urbanística. Así lo
anunció ayer la portavoz del Ejecutivo, Yolanda Bel, tras la
celebración del Consejo de Gobierno y a propósito de la
nueva oleada de asentamientos ilegales que, según informó EL
PUEBLO en su edición de ayer, afecta a la barriada del
Príncipe. Para el Gobierno local “la noticia no es nueva”,
pues, tal como explicó Bel, “es un hecho que conoce la
Ciudad de algunos individuos que intentan construir de
manera ilegal en algunas zonas”, por lo que “desde la
Consejería de Fomento se creó una unidad específica para
tramitar todos los expedientes necesarios para reprimir las
edificaciones ilegales”.
En el mismo sentido, Bel apuntó que lo que ha hecho la
Ciudad “a lo largo de la última semana y va a seguir
haciendo en esta misma” es “reforzar” esa unidad
administrativa creada para perseguir las actuaciones de
“aquellas personas que siguen en la misma sintonía y con el
mismo objetivo por parte de la Ciudad de reprimir esas
edificaciones ilegales”. “No nos pilla de nuevas y tampoco
la Ciudad ha estado parada en este asunto”, resumió la
consejera, quien recordó que la mencionada unidad “no
existía” con anterioridad y que por lo tanto “no había
personal específico de diferentes áreas adscritas a la
materia concreta”. “A día se hoy existe -manifestó- y por lo
tanto entendemos que por la gravedad que puede tener el
asunto, que lo tiene, y la importancia también, vamos a
incrementar esos medios para hacer mayor hincapié en esa
intención, en ese objetivo que poco a poco se va
consiguiendo, de reprimir esas edificaciones ilegales”.
En cuanto a datos de los que la Ciudad pueda disponer a día
de hoy sobre la actividad de esta nueva unidad
administrativa, Bel explicó que el Consejo de Gobierno no
cuenta aún con ellos “pero sí es intención que en un plazo
aproximado de 15 días” pueda anunciar algunos de los datos
del último mes o de los últimos 15 días “que el consejero de
Fomento presentará en Consejo de Gobierno y que no hay
ningún problema en hacer públicos”, por lo que, aseguró, se
darán a conocer “en cuanto la Consejería los presente”.
En lo que respecta a la modificación introducida, a
instancias del consejero responsable del área, Juan Manuel
Doncel, en la Ordenanza Reguladora de la Disciplina
Urbanística con el fin de agilizar los trámites para
sancionar y, en su caso, demoler, construcciones ilegales,
la portavoz indicó que al margen de esta voluntad de la
Ciudad de que los trámites no sean tan “farragosos” y de que
pueda darse “una respuesta mucho más rápida” -que denominó
procedimiento “exprés“-, es inevitable que parte del proceso
se tenga que cumplir por muy rápido que queramos que sea”.
Este procedimiento administrativo “a veces lleva más tiempo
del deseado -abundó-, pero intentamos, desde la Consejería
de Fomento, que sea lo menos posible cada día y que las
actuaciones sean más ágiles y coordinadas entre todas las
áreas”.
En este mismo sentido, Bel recordó que “aunque el expediente
finaliza o se decreta por parte de la Consejería de Fomento,
son varias las áreas que intervienen en la materia”. Por lo
tanto, “con ese refuerzo de medios” que Bel anunció ayer y
“esa intención de seguir caminando en la misma línea”, la
Ciudad Autónoma va a tratar de “acortar aún más si puede los
plazos que hasta ahora se han obtenido en la clarificación y
conclusión del expediente y de la firma del decreto
posterior”, concluyó la portavoz.
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El Código Penal establece penas de cárcel para este tipo de
delitos
El Código Penal establece penas de
prisión de seis meses a tres años, multa de doce a
veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión
u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los
promotores, constructores o técnicos directores que lleven a
cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a
viales, zonas verdes, bienes de dominio público (...)”. Pero
además de la norma superior, las entidades locales disponen
para la persecución de estas infracciones, cometidas en
muchos casos por particulares, de Ordenanzas Reguladoras de
la Disciplina Urbanística como la que la Ciudad acaba de
reformar con el fin de “agilizar” el procedimiento y que
entró en vigor hace unos días.
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DISCIPLINA URBANÍSTICA
