El portavoz del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Daniel
Conesa, acusó ayer a Coalición por Melilla (CPM) de recurrir
a la mentira y la manipulación a la hora de hablar sobre la
falta de ayudas sociales, sobre las que el principal partido
de la oposición pidió que fueran garantizadas por Ley para
las familias melillenses más necesitadas.
En rueda de prensa, Conesa respondió así al diputado
cepemista, Abdelhamid Mohamed, al que aclaró que es
imposible regular por Ley la renta básica para los
ciudadanos más desfavorecidos. Por esta razón, criticó al
parlamentario de COM por hablar de este tema “sin
conocimiento”. Además, Conesa recordó a CPM que en los
últimos años, el Gobierno de Melilla ha duplicado la partida
presupuestaria que se destina a la prestación del Ingreso
Melillense de Inserción (IMI), del que se pueden beneficiar
las familias de la ciudad que no tienen ingresos ni recursos
económicos.
En la actualidad, la Consejería de Bienestar Social destina
1,6 millones de euros al año a la prestación del IMI, una
actuación sobre la que “se podría destinar más fondos, pero
no hay listas de espera” para percibir esta ayuda social.
Por todo ello, el portavoz de la Ciudad Autónoma calificó la
intervención de Abdelhamid Mohamed como “la típica tontería
veraniega de la oposición”, dado que en el periodo estival
“algunos se van de vacaciones y tienen que cubrir sus
espacios en los medios de comunicación” con los diputados
“suplentes”. “Afortunadamente, Abdelhamid Mohamed sale
poco”, concluyó Daniel Conesa. El Consejo de Gobierno aprobó
ayer una propuesta de la Consejería de Fomento para que los
adjudicatarios de una caseta o una atracción de feria
durante las fiestas patronales paguen por adelantado el
consumo estimado de energía eléctrica. En concreto, según
informó el portavoz, Daniel Conesa, se trata de un canon de
ocupación que, en función de una serie de parámetros
técnicos, deberán pagar los feriantes a partir de las
fiestas patronales de este año. De esta manera, la Ciudad
Autónoma pretende que “todos cumplan con su obligación” de
abonar el gasto energético realizado y evitar que “nadie
desaparezca sin pagar, como teóricamente pudiera ocurrir”.
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