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El puerto atisba un futuro prometedor, no ya por los planes
previstos y pendientes tanto por la Autoridad Portuaria como
por la Ciudad Autónoma, sino que la nueva Ley establece unos
parámetros que, asimilados a Ceuta, pueden potenciar al
puerto como decisivo motor económico de la ciudad, a poco
que la propia Ciudad empuje definitivamente en lo que su
competencia se refiere.
El último Pleno que el Congreso de los Diputados celebrará
antes de las vacaciones de verano la sesión que aprobará la
nueva Ley de Puertos. En concreto, será el próximo día 22 de
julio. A partir de ahí, entre sustanciales modificaciones de
la actual ley, el Estado fijará los precios que las navieras
obligadas a intercambiar billetes deberán cobrar por el
servicio durante la Operación Paso del Estrecho (OPE), lo
que evitará conflictos como los sucedidos en el pasado mes
de mayo cuando agentes de la Comisión Nacional de la
Competencia entraron en las oficinas de
Acciona-Trasmediterránea y Acciona por las sospechas de
concertación de precios. A tal efecto, se ha introducido en
el texto una disposición adicional, que será la vigésimo
séptima, y en cuyo enunciado inicial mantiene algo que a día
de hoy ya se aplica durante la OPE, que “La Administración
Marítima podrá obligar a las empresas navieras que realicen
tráficos marítimos, a la intercambiabilidad de billetes y
sujección a horarios establecidos”. A continuación, el texto
añade que “el cumplimiento de estas obligaciones por parte
de las empresas navieras, incluyendo la fijación de una
tarifa de intercambio común aplicable a los servicios de
transporte que recíprocamente se presten por razón de la
intercambiabilidad de billetes, tendrá la consideración de
conducta exenta por la ley a los efectos de lo previsto en
el Artículo 4, apartado 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio
de Defensa de la Competencia”.
El Gobierno central dice que la nueva Ley de Puertos
aportará el marco jurídico estable a la actividad en los
puertos del sistema nacional. Una Ley que ayudará, dicen los
representantes del Estado, al “desarrollo de nuevas
infraestructuras portuarias”.
El Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley el
pasado mes de mayo, que fue pactada por el PSOE y el PP. El
resto de los grupos parlamentarios votó en contra. Fue
entonces cuando el ministro de Fomento, José Blanco,
defendió que la total actividad del sistema portuario supone
el 20% del PIB del sector del transporte español, lo que
representa el 1,1% del PIB nacional. A su juicio, la reforma
de la Ley supondrá “una oportunidad” para avanzar sobre los
pilares de la productividad, la competitividad y la eficacia
en el marco social y de sostenibilidad ambiental”.
La nueva Ley de Puertos pretende otorgar a las 28
Autoridades Portuarias la posibilidad de autofinanciarse, de
marcar sus propias tasas de forma individual, que permitan a
los puertos españoles ser mucho más competitivos frente a
los de otros países próximos.
Asimismo, la Ley va a permitir alcanzar una mayor
rentabilidad anual de los puertos, y resultar más atractivos
para las empresas privadas.
La nueva ley, además, refuerza el papel del presidente de la
Autoridad Portuaria, “que es quien toma las decisiones”,
señaló el presidente de Puertos del Estado, Fernando
González Laxe.
La Policía Portuaria tendrá, por otro lado, con la entrada
en vigor de la nueva Ley de Puertos, la consideración de
autoridad “pública”. Esta es una de las últimas novedades
que se han introducido en el texto, lo que evitará
-defienden en el Gobierno central- “tentaciones que pudieran
tener algunos puertos” de privatizar este servicio y las
dudas suscitadas en el personal en torno a esta posibilidad.
Pilares de la nueva Ley
Tratando de ser esquemático podemos decir que la nueva ley
aporta diez nuevas ideas en el nuevo escenario.
1.- Mayor libertad tarifaria, donde las autoridades
portuarias pueden proponer valores propios de las tasas de
buque, pasaje y mercancía, acordes con su realidad
económica. Siempre y cuando el puerto mantenga su equilibrio
finaciero
2.- Estricto control económico-financiero bajo criterios de
racionalidad y equilibrio, por el cual el sistema portuario
español asume el compromiso de alcanzar una rentabilidad
anual del 2,5%.
3.- Convertir a los puertos en espacios atractivos para la
iniciativa privada, creando más posibilidades para radicarse
en las zonas de servicios y poner en funcionamiento
actividades directamente vinculadas al transporte y a la
logística. Lo que en Ceuta sirve, sin duda, por lo
proyectado en el muelle de Poniente
4.- Garantizar las condiciones de competencia, manteniendo
el libre acceso a las prestaciones de servicios portuarios
5.- Lograr que los puertos sean más competitivos en una
economía global, ampliando el alcance de las bonificaciones
con la finalidad de ganar posiciones en el ámbito
internacional
6.- Premiar la calidad y la eficiencia, con el objetivo de
racionalizar la inversión en las infraestructuras y
aprovechando al máximo los equipamientos e instalaciones
existentes.
7.- Conseguir unos puertos más comprometidos con el entorno
socio-económico, reforzando los lazos con el tejido
empresarial al que sirve y con la ciudad en la que se ubica.
En el caso de Ceuta, es obvia la simbiosis y sincronización
de un puerto abierto a la ciudad. Es el mejor ejemplo de
integración.
8.- Mayor liderazgo de gestión bajo la batuta del presidente
de la Autoridad Portuaria
9.- Plena integración de los puertos en el sistema de
transporte, profundizando en la interoperatividad entre las
vías terrestres y ferroviarias, a fin de potenciar la
intermodalidad.
10.- Una apuesta por la sostenibilidad medio-ambiental,
obligando a los puertos a presentar anualmente una memoria
de sostenibilidad para evaluar los compromisos alcanzados.
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autoridad portuaria
