España necesita muchas reformas,
cierto, la de los políticos también. Ellos, que concurren a
la manifestación de la voluntad popular, deben asumir sus
responsabilidades y ocupar la puerta de servicio antes que
la puerta del poder. A diario nos sirven en bandeja una
retahíla de problemas en lugar de resolverlos.
En ocasiones, el político por si mismo ya es el problema. Le
señalan y no abandona el sillón hasta que no recae condena
explicita. Para muchos es su medio de vida. Jamás han
trabajado en otra cosa. Por ello, el interés de su bolsillo
es antes que el interés del Estado, y, a veces, están más
enfrascados en proteger la seguridad de su puesto de poder
que en asegurar progreso social para todos. El político
decente lo dejaría al primer síntoma de sospecha.
Otra de las contrariedades es la mediocridad política, lo
mejor que harían algunos es no despegar los labios. En lugar
de buscar soluciones generan contiendas inútiles, absurdas,
sectarias, o sea, una riada de problemas innecesarios. Como
aquellos que ponen en entredicho la unidad de la nación
española o la lengua de Cervantes, que tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla todos los españoles, o la
independencia del poder judicial, que no debe admitir
intromisión política alguna.
El político honesto se apartaría de ser un ciudadano de
partido y sería un ciudadano de Estado, con altura de miras,
un señor libre que piensa más en las próximas generaciones
que en las próximas elecciones, que respeta y cuida la
división de poderes de Montesquieu.
Los políticos españoles, muchos de los cuales han ocultado
la crisis porque ellos ni la han tenido, ni la tienen, ni la
tendrán jamás, piden ahora esfuerzos colectivos, en parte
para pagar la cuenta de sus derroches.
El gasto público nos desborda. El político honrado tomaría
el esfuerzo como deber primero, y con voluntad de Estado
sobre todo lo demás, se afanaría en priorizar los verdaderos
problemas que afectan a la ciudadanía y trataría de
resolverlos, propiciando consensos y uniones, sólo así todos
unidos se puede reducir el desempleo, avivar la promoción de
la inclusión social y luchar contra la pobreza que cada día
es más creciente en España.
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