El titular del Juzgado de lo Penal número 2 dictó ayer
sentencia condenatoria para un joven que reconoció ser el
autor de un delito contra la salud pública, casualmente,
absuelto en diciembre de 2009 de su implicación en la
‘Operación Transpor’, también de narcotráfico. El acusado,
que cumplirá 4 años de prisión, llevaba en una moto de agua
112 kilos de hachís, siendo detenido en altamar por la
Benemérita.
Cuatro años y un mes de prisión y el pago de 163.039 euros
fueron las penas dictadas por el magistrado del Juzgado de
lo Penal número 2 para un joven que reconoció ser el autor
de un delito contra la salud pública. Paradójicamente, el
mismo imputado fue absuelto de su implicación en la
‘Operación Transpor’, también de narcotráfico, en diciembre
de 2009 por la Audiencia Provincial.
En este caso, los hechos se produjeron el pasado 12 de junio
cuando el acusado cruzaba el Estrecho en moto de agua por
las cercanías de Punta Almina. El dispositivo de alerta SIVE
detectó su presencia y la de otra nave, siendo la misma
contestada por una embarcación del Servicio Marítimo de la
Guardia Civil, que le dio alcance a unas 17 millas de Ceuta.
La llegada de los agentes del Instituto Armado sirvió para
que las embarcaciones realizasen maniobras de huida pero
pudieron interceptar al procesado mientras que la otra se
adentró en aguas marroquíes.
Por lo que ayer, la representante del Ministerio Fiscal en
la ciudad también solicitó la deducción del testimonio del
encausado ya que la moto de agua no era de su propiedad,
pudiendo proceder de un delito de blanqueo de capitales,
causa que ahora se investigará.
Con respecto a la sustancia estupefaciente intervenida, el
vehículo acuático llevaba cuatro fardos de hachís que
sumaron un peso total de 112 kilos. Por lo que los agentes
remolcaron la moto que almacenaba la droga y detuvieron al
conductor.
El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial fue
la que dictó sentencia absolutoria para los supuestos
participantes de la ‘Operación Transpor’, que se sentaron en
el banquillo de los acusados por delitos contra la salud
pública, receptación y falsedad de documento oficial.
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