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El presidente Vivas respondió ayer a la nota de prensa que
UDCE remitió la semana pasada a los medios denunciando una
presunta “voracidad” recaudatoria de su Gobierno. El
político Popular lo hizo dejando claro que la política
tributaria de la Administración que dirige camina sobre dos
raíles compatibles: que todos contribuyan al mantenimiento
de la Administración sometidos al imperio de la Ley y que
esta sea, al mismo tiempo, sensible con quienes más
dificultades tienen para hacerlo.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, dijo ayer no poder
“confirmar, admitir ni aceptar” que la Administración local
esté yendo más allá de lo aceptable en un supuesto “voraz”
afán recaudatorio más allá de lo moral y legalmente
aceptable, como la semana pasada denunció UDCE a través de
un comunicado de prensa. En declaraciones a los medios el
líder del Ejecutivo ceutí recordó que el Organismo Autónomo
Servicios Tributarios (OAST) trabaja “en base a unos
comportamientos marcados fundamentalmente por el
procedimiento legal”, que es igual para todos los
ciudadanos, y que ese principio se completa con la vocación
social de “atender” al que tiene dificultades especiales a
la hora de hacer frente a sus obligaciones facilitándole que
lo haga.
“No se está cobrando nada indebido”, quiso dejar bien claro
Vivas, quien argumentó que además de atender a la obligación
recaudatoria para el sostenimiento de los servicios públicos
a la que cada mes alude su consejero de Hacienda ante las
críticas de la oposición su Gobierno mantiene una línea de
trabajo que le obliga a “ser sensible”.
“Tenemos, no cabe duda”, dijo el presidente de la Ciudad,
“que sen sensibles con la situación de crisis, pero no de
una manera indiscriminada porque es justo que precisamente
en esta coyuntura se ejercite la acción tributaria de tal
manera que todo el mundo cumpla con sus obligaciones
asegurando que aquellos, familias o empresarios, que peor lo
están pasando también puedan cumplir con las normas gracias
a las moficiaciones de las Ordenanzas quese han aprobado
orientadas a ser sensibles a su situación”.
“No queremos discriminar”
“El Gobierno no quiere discriminar ni ponerse al margen de
los procedimientos: que todo el mundo cumpla”, resumió la
filosofía recaudatoria de su Gobierno el presidente, “y que
cuando alguien no pueda hacerlo, promover medidas para
contemplar situaciones especiales”.
En ese sentido recordó las modificaciones introducidas en la
mayor parte de las Ordenanzas tributarias de la Ciudad para
proteger “a los mayores, a quienes no alcanzan un determindo
nivel de renta o a quienes están en una situación de paro
prolongado”. “Fuera de ahí”, advirtió, todo el mundo tiene
que contribuir al sostenimiento de las cargas públicas
porque el imperio de la Ley es garantía de Justicia”.
En esa misma línea de sensibilidad social el líder del
Ejecutivo equiparó la intenciones de las bonificaciones
introducidas para favorecer a los colectivos antes
mencionados con las iniciativas puestas en marcha para
ampliar el periodo de ejecución de las obligaciones
hacendísticas de las sociedades con la Administración
pública: “Lo mismo ocurre”, dijo, “con las empresas, a las
que se han concedido moratorias a las sociedades que por
falta de Tesorería no pueden atender puntualmente a sus
obligaciones en relación con el IPSI”.
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El presidente recuerda que el IBI grava la mera existencia
de un bien inmueble “con independencia de su cobertura
urbanística legal”
El presidente Vivas dedicó ayer un
capítulo específico de sus explicaciones a los medios a dar
cuenta del presunto cobro indebido del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) a los propietarios de viviendas no
regularizadas en determinadas zonas de la ciudad. “Estamos
procurando normalizar esas situaciones”, dijo antes de
recordar que “hay un expediente abierto para la
normalización de esas situaciones”. “Si se pasan los recibos
es porque se está en el censo del IBI, que no es una tasa,
no es un tributo que resarce a la Administración por un
servicio prestado, sino, como su nombre implica, un impuesto
sobre los bienes inmuebles, por lo que la existencia del
mismo, al margen de la cobertura urbanística que el mismo
tenga, ya justifica el hecho imponible”, argumentó. En
cualquier caso el líder del Ejecutivo autonómico recordó que
“hay garantías” para impedir el cobro de recibos
injustificados: “El IBI”, explicó, “está sujeto a un censo
que se publica y contra el que cada particular o cualquier
formación política puede presentar las alegaciones que
quiera. Se han cumplido todos los procedimientos legales y
sería inconsecuente que una vez puesto en marcha el
procedimiento recaudatorio se estableciesen excepciones por
la vía de la discreccionalidad”, terminó. En declaraciones a
este periódico el líder de UDCE explicó que lo que su
partido pretende es “que se apliquen los Acuerdos Plenarios
que demandan un proceso de legalización de las viviendas
susceptibles de serlo y que no se postergue es actuación
mientras se sigue cobrando a los propietarios obviando esa
supuesta irregularidad”.
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declaraciones
