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Los datos oficiales revelan que alrededor de 3.000 personas
solicitaron protección internacional en España durante 2009,
un 33,6% menos que en 2008. Pese a ello, Ceuta se sitúa como
la segunda autonomía donde mayores cifras de peticiones de
asilo se registraron durante el pasado ejercicio después de
Madrid, según el último informe elaborado por la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Aunque las solicitudes de asilo en España cayeron durante
2009 un 33,6% respecto a 2008, la ciudad autónoma se erige
como la segunda autonomía con mayor número de peticiones
después de Madrid, con una cifra de 1.313. Así, 339
inmigrantes solicitaron refugio en Ceuta durante el
ejercicio anterior situándose en el 12% del cómputo
nacional. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),
este descenso es la consecuencia del endurecimiento de las
leyes que regulan la inmigración aunque desde la entidad no
dudan en calificar de “débil” el Sistema Europeo Común de
Asilo esgrimiendo que “se sigue anteponiendo el control de
fronteras por encima de los derechos de las personas
refugiadas”.
A lo largo de las 354 páginas que componen el último informe
publicado por CEAR sobre ‘La situación de las personas
refugiadas en España’ durante el 2009, se dedican varios
epígrafes a la problemática concreta de la ciudad autónoma
aunque en todos ellos es común el que se parta una lanza en
favor de las personas a las que han concedido el trámite de
asilo y “se les vulnera” el derecho a la libre circulación
por el territorio nacional.
A este respecto, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de
Asilo, los traslados de los solicitantes de asilo admitidos
a trámite desde el CETI de Ceuta a los centros en la
península se ralentizaron hasta dejar definitivamente de
producirse el 22 de diciembre del 2009, informa CEAR.
Además, desde el 28 de enero de 2010, la policía encargada
del control de documentación en el puerto de Ceuta comenzó a
denegar a los solicitantes de asilo el acceso a los barcos
que se dirigen a la península, alegando órdenes de la
Delegación de Gobierno. El motivo, la aplicación del Acuerdo
de Schengen, que obliga a ejercer un control de
documentación para el traslado a la península del conjunto
de las personas extranjeras.
A estos hechos, denuncia CEAR, se sumaron otros como el que
a partir del 16 de febrero de 2010, un conjunto de
solicitantes de asilo residentes en los CETI de Ceuta y
Melilla convocado a entrevista por la OAR en Madrid “vio
cómo sus citas eran anuladas sin motivación expresa alguna”.
Beliones, en el punto de mira
Como ciudad fronteriza, CEAR también resalta en dicho
informe el acceso de los “polizones” al procedimiento de
asilo poniendo como ejemplo las situaciones que se dan en el
perímetro con Marruecos.
Parte de la política de cierre de fronteras se ha basado en,
además de la colaboración del país vecino y la vigilancia de
la zona, “dejar durante años a las personas refugiadas e
inmigrantes llegadas a Ceuta en campamentos improvisados y
en condiciones infrahumanas”, reza dicho documento Para CEAR,
la mera intención de esta actuación es la de “disuadir” que
otras personas emprendan la ruta migratoria.
La situación en los aeropuertos, en Canarias, Ceuta y
Melilla, así como las dificultades de los polizones para
acceder al procedimiento de asilo explican, junto con otros
factores, “el notable descenso del número de solicitantes de
asilo en 2009”, concluye CEAR.
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Perseguida en Guinea
El derecho a la entrevista de la
persona solicitante de asilo con el funcionario que estudia
su caso “no se cumple”, advierte CEAR. Como ejemplo de las
personas afectadas por este cambio, se puede citar el de una
ciudadana de Guinea Conakry que abandonó su país como
consecuencia de la persecución que sufría por su militancia
política en medio de la grave crisis que atravesaba este
país africano. El 23 de diciembre de 2008, tras la muerte
del dictador Lansana Conté, los militares dirigidos por el
general Moussa Dadis Camara tomaron el poder, provocando la
resistencia de la oposición política y la sociedad civil y
generando miles de muertes y detenciones arbitrarias. Esta
activista política y solicitante de asilo era una de las
personas a las que se le canceló la entrevista ante la OAR
por el sólo hecho de formular su petición.
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inmigración
