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ACTUALIDAD - LUNES, 28 DE JUNIO DE 2010

 

informe anual

Inmigración y transporte, entre las quejas ceutíes al Defensor del Pueblo

CEUTA
Cristina Marzan

ceuta
@elpueblodeceuta.com

 El Defensor del Pueblo ha emitido su informe anual en referencia al pasado ejercicio en el que se constata que la autonomía que menos quejas planteó fue la ciudad autónoma, concretamente, 77 que hacen referencia a temas de inmigración o transporte marítimo y que constituyen el 0,35% de la cifra nacional, situada en 21.693 reclamaciones.

El número de quejas planteadas por los ceutíes al Defensor del Pueblo han llevado a Ceuta a posicionarse como la autonomía que menor número de reclamaciones registró durante el 2009 en esta institución, concretamente, 77 que constituyen el 0,35% de la cifra nacional, situada en las 21.693 denuncias.

Cifra que además ha disminuido con respecto al ejercicio de 2008, con 100 quejas que conformaron el 0,43%, y estableciéndose una diferencia porcentual entre ambos periodos del -23%, según los datos recogidos en el informe del Defensor del Pueblo referente al año pasado. Inmigración, transporte marítimo o tecnologías, fueron algunos de los temas con los que no estaban conformes los ceutíes, por lo que requirieron los servicios de la institución.

Así, 8.343 personas, encabezadas por la representante de la Asociación ELÍN, denunciaron la situación de un grupo de personas que abandonaron el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta ante el temor de ser expulsados del país.

Investigaciones de oficio

Por otro lado, el Defensor del Pueblo también inició una investigación de oficio ante la Consejería de Asuntos Sociales para el seguimiento de las recomendaciones efectuadas por la institución en el informe monográfico sobre Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Otra de las intervenciones de oficio de la institución tuvo que ver con las reiteradas quejas planteadas por ciudadanos de Estados que no son miembros de la Unión Europea, residentes en las Illes Balears, en Canarias, en Ceuta y en Melilla, por no poder disfrutar de los beneficios previstos en el Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, por el que se regula la Bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo.

La respuesta de la Administración española fue que no tenía obligación legal alguna de realizar dicha extensión de ayudas no existiendo además régimen de reciprocidad de semejantes beneficios para ciudadanos españoles en ningún Estado del mundo ajeno a los de la Unión Europea, por lo que, dado el coste económico que esto suponía, no se consideraba procedente acceder a esta medida, según expresa el informe de la institución.

Denuncias

Por otro lado, los problemas en el transporte marítimo entre Ceuta y Algeciras, su frecuencia, puntualidad y precio también fueron objeto de quejas de algunos ciudadanos. En concreto, se denunció la situación entendiendo que los retrasos, la suspensión de salidas, el descenso de la calidad del servicio y la subida y bajada arbitraria de los precios eran continuas, dando además a los pasajeros una información deficiente y mala atención. A la vista de estas acusaciones sobre la calidad de las comunicaciones marítimas de Ceuta con la península, desde la Autoridad Portuaria y desde la Delegación del Gobierno de Ceuta se remitieron informes en los que se daba cuenta de los distintos aspectos manifestados.

Las nuevas tecnologías en la ciudad también llamaron la atención del Defensor del Pueblo, por lo que comenzó otra investigación de oficio ante la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación para conocer las medidas adoptadas en Ceuta y Melilla en relación con la garantía y protección de los derechos de los menores respecto de la programación en televisión y ciertos contenidos de Internet.

Otro apartado más de dicho informe en el epígrafe de las investigaciones de oficio e iniciadas ante la Consejería de Fomento hacen referencia a las diversas declaraciones públicas en las que se denunciaban por los usuarios las posibles irregularidades en que estaban incurriendo las compañías suministradoras de energía eléctrica, en la tarificación del consumo correspondiente a los meses de diciembre del 2008 y enero del 2009.
 

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