Acefep será la sexta entidad ciudadana que ocupará un sillón
en el Consejo Social Penitenciario, que celebró ayer su
primera reunión ordinaria del año y encomendó a este
colectivo de personas con enfermedad mental y sus familiares
la detección y el abordaje de los trastornos psiquiátricos
que puedan registrarse entre los internos, así como una
serie de actividades divulgativas sobre estas patologías.
El Consejo Social Penitenciario celebró ayer su primera
reunión ordinaria del año y en ella dio la bienvenida a un
nuevo representante, la Asociación Ceutí de Familiares y
Enfermos Mentales (Acefep), que ingresa como miembro de
pleno derecho a entidades como Cruz Roja, Feaps, Digmum, el
Centro de Atención a las Drogodependencias y la Cruz Blanca.
La asociación Sybila que pondrá en marcha un programa en
materia deportiva, también formará parte del consejo con voz
pero sin voto.
El Consejo Social Penitenciario se puso en marcha por orden
ministerial en 2008. Cuenta con siete vocales de la
institución y seis procedentes de ONG y entidades locales.
La última de ellas, Acefep.
El papel de esta asociación será la de detectar junto al
equipo médico, piscológico y los psiquiatras que visitan la
prisión los casos de trastorno mental que se dan entre los
internos para poder desarrollar después programas
sociosanitarios que contribuyan a su mejora. “La enfermedad
mental preocupa mucho a la institución penitenciaria y
queremos minimizar su impacto”, apuntó el gerente de la
prisión, Juan Hernández.
Acefep también desarrollará una importante actividad
divulgativa con participación de internos que tengan
familiares aquejados por alguna patología mental. Porque, en
palabras de Hernández, no se trata sólo de abordar la
enfermedad sino de sensiblizar y educar a los internos sobre
el impacto que puede tener esta patología. “En Acefep son
especialistas en esta patología y se trata de ir más allá
del tratamiento puramente sanitario que ofrecemos nosotros”,
continuó el director de la prisión.
Como novedad, el Consejo Social Penitenciario acordó renovar
todos los programas que desarrollan estas entidades
ciudadanas en el interior de la prisión por un periodo de
dos años. La financiación de estas entidades en tiempos de
crisis es otra cuestión que preocupa y por ello desde la
dirección de la prisión se ha alcanzado el compromiso de
certificar su trabajo en el recinto carcelario para que
puedan acceder a más ayudas públicas.
El Consejo Social Penitenciario ha cumplido ya los dos años
de vigencia que estipula Orden Ministerial que lo creó. Es
decir, que deberá renovar su composición en la reunión
ordinaria correspondiente al segundo semestre de 2010.
Entre los miembros de la institución que forman parte del
Consejo se encuentran el director y el subdirector de
tratamiento de la prisión, el jefe de los servicios
sociales, un jefe y un funcionario de vigilancia y una
trabajadora social.
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