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El Ministerio Fiscal en la ciudad solicitó ayer una pena de
dos años de prisión, 120.000 euros de responsabilidad civil
y una multa de 1.549.952 euros para la presunta autora de un
delito contra la Hacienda Publica. La imputada mantuvo en su
declaración que era un bufete de abogados el encargado de
declarar 123.000 euros de IVA de la compra de dos inmuebles
aunque ella fuera la administradora de la sociedad.
Una mujer se sentó ayer en el banquillo de los acusados del
Juzgado de lo Penal por un delito contra la Hacienda Pública
que le imputa la representante del Ministerio Fiscal y el
abogado del Estado, y por el que le piden dos años de
prisión, 120.000 euros de responsabilidad civil y una multa
de 1.549.952 euros.
Por su parte, el letrado de la defensa solicitó la
absolución de su cliente manteniendo que era un bufete de
abogados el que se encargaba de las cuestiones jurídicas y
económicas de la sociedad ‘Diagonal Natura’, con sede fiscal
en Ceuta aunque su actividad comercial se realizaba en
Barcelona.
Los hechos tuvieron lugar en enero de 2001 cuando, al
parecer, dicha empresa realizó la compra-venta de dos
inmuebles de la que subyaceron 123.000 euros en concepto de
IVA y que nunca fueron declarados ante el organismo
tributario, sino ingresados supuestamente en una cuenta de
la sucursal Bankinter correspondiente a dicha sociedad. La
imputada, que por aquella fecha era la administradora única
de la sociedad, manifestó que todas las cuestiones
económicas y jurídicas se trasladaban directamente al bufete
de abogados y manifestó “no recordar” si firmó el cheque de
ese IVA. Uno de los abogados de dicho bufete declaró, en
calidad de testigo, que en el ejercicio tributario de 2001,
“no aportaron la factura de dicha compra-venta” y que era el
gestor “el que se encargaba de todo”. Dos inspectores de
Hacienda, delegados en Cádiz y Ceuta, también confirmaron
haber investigado la sociedad, que desapareció cuando
falleció su propietario. A este respecto, ambos testigos
confirmaron que “nunca llegó esa factura” aunque presentaron
otras de transacciones diferentes”. Además, negaron haber
establecido contacto con ningún abogado de la sociedad ya
que “nadie” respondía en el domicilio fiscal, en Ceuta”.
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