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Durante años, los progresistas
españoles, los garantes de los derechos sociales y las
libertades, los del talante, los de la ceja se han afanado
exclusivamente en atemorizar a la ciudadanía en relación a
las graves consecuencias que le supondría al Estado de
Derecho y al Estado del Bienestar la llegada al Gobierno de
la nación de una derecha “rancia y recalcitrante”
representada por el Partido Popular, obviando completamente
la capacidad de análisis y la madurez política, que atesora
una ciudadanía experimentada tras años de democracia y
curtida en las innumerables campañas electorales pasadas,
con sus miles de promesas incumplidas, ofrecidas por
políticos de diferentes ideologías.
Los ciudadanos somos conscientes de la responsabilidad del
Ejecutivo socialista presidido por José Luís Rodríguez
Zapatero de las cifras actuales que demuestran nuestra
precaria situación socio económica; cinco millones de
desempleados y una tasa que supera el 12% de déficit público
aunque, lo realmente descorazonador son las medidas
correctoras adoptadas por el Gobierno socialista con la
intención de paliar el resultado de estos años de ineptitud,
ineficacia e insolidaridad; el mayor recorte en derechos
sociales de nuestra historia democrática, incremento
sustancial en la presión fiscal y en las tasas de servicios
públicos esenciales, copago en la asistencia sanitaria
pública y el abaratamiento del despido, renunciando
definitivamente al programa electoral con el que
concurrieron a las últimas Elecciones Generales, con el que
obtuvieron la confianza de la mayoría de los electores.
A estas alturas de la Legislatura, los ciudadanos somos
conscientes de que Zapatero se ha gastado el dinero de los
trabajadores, de los desempleados, de los pensionistas, de
las madres y de los estudiantes con decisiones mediáticas,
irresponsables e insolidarias. Todos recordamos la promesa
de austeridad planteada con su llegada al Palacio de la
Moncloa a través del famoso “Código del Buen Gobierno”,
destinado a convertirse en el símbolo de una nueva forma de
gobernar del partido socialista aunque, la realidad fue
diametralmente opuesta, las cifras al fin conocidas años
después señalan que incrementaron el gasto de la Presidencia
del Gobierno en un 334% en cinco años, destacando el gasto
en la partida destinada al personal al servicio del
Presidente, en el año 2005 se situaba en 16 millones de
euros, en la actualidad esta cantidad ha ascendido hasta los
29 millones de euros.
Aunque, hablar de engaños, mentiras y contradicciones es
insignificante en comparación con las cantidades destinadas
a las innumerables subvenciones que esta formación política
ha utilizado presuntamente para “silenciar” o contentar a
quienes deberían liderar la defensa de los derechos de los
trabajadores y desempleados en nuestro país, las centrales
sindicales. Mientras el Ejecutivo socialista consumaba el
mayor recorte en derechos sociales de nuestra historia
democrática, el Boletín oficial del Estado detallaba las
bases reguladoras para la concesión de 15,8 millones de
euros en subvenciones dirigidos a unas centrales sindicales
que se repartieron el pasado año, a partes iguales, más de
190 millones de euros, sin computar las subvenciones
provenientes de las diferentes comunidades autónomas..
En definitiva, al igual que ocurriera con la cantidad
destinada a sufragar los gastos del personal adscrito a la
Presidencia del Gobierno, las cantidades destinadas a los
sindicatos se han incrementado en un 50% desde la llegada de
José Luís Rodríguez Zapatero al Gobierno por tanto, resulta
fácil demostrar cual es la estrategia utilizada por quienes
alcanzaron la Presidencia del Gobierno, en dos ocasiones,
engañando a los españoles con aquella famosa frase
“necesitamos un Gobierno que no nos mienta”.
Lamentablemente, poco o nada han aprendido de los errores
del pasado.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
