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No hay colectivo profesional más
castigado por la violencia que el de los docentes. El
llamado “síndrome del quemado” es cuatro veces mayor entre
docentes que en otros sectores. Sólo en el último mes, tres
hitos judiciales han demostrado que la cuestión sigue
candente. En Barcelona, por ejemplo, un juez ha impuesto la
mayor condena dictada por agresión a un profesor. Dos años
de cárcel para una madre. Acudió a hablar con la maestra de
su hija y acabó arrancándole mechones de pelo.
Las estadísticas hablan. La mitad de los profesores acude a
diario a clase con el maletín lleno de asuntos profesionales
y el miedo en el cuerpo. Trabajan con temor a ser agredidos
por sus alumnos. Uno por cada diez ha sido golpeado alguna
vez; tres de cada diez, amenazado; la mitad, insultado. O
las tres cosas a la vez.
“Hoy me encuentro abatida. Una alumna de 3º de la ESO me
empujó contra la mesa, mientras me gritaba: “Cuando te pille
por la calle, te mato”. No he podido dormir; acudir a clase
me ha supuesto un gran esfuerzo. Me sabía observada por los
alumnos. Sólo tengo ganas de llorar.” Así, se expresaba una
desesperada profesora madrileña, en una llamada al Defensor
del Profesorado.
Por lo tanto, que en los momentos actuales, en un centro
educativo de Secundaria, un alumno agreda a un profesor, no
es noticia, teniendo en cuenta que diariamente se cometen,
por parte de los alumnos, agresiones e insultos de todo
tipo. Lo que ocurre que unas veces se denuncia, y otras, no.
Lo noticioso es que un centro de Secundaria de la provincia
de Alicante, permanezca cerrado, por un período de cuatro
días, por la conducta violenta de un alumno, al decidir,
docentes y padres angustiados, en reunión urgente, clausurar
el centro por el tiempo citado.
Los hechos ocurrieron así: “El menor, que había sido
expulsado de forma provisional, trató de entrar en las
instalaciones educativas. Le acompañaba su madre. En la
puerta, un profesor trató de impedirle la entrada, a lo que
el chico respondió con golpes”.
Tras el incidente, se resolvió reunir a todos los alumnos
para protegerlos y, más adelante, redactar un manifiesto en
el que se reclamaba ayuda a la Consejería de Educación y al
Ayuntamiento, a los que se acusaba de “falta de implicación
y propuesta de soluciones efectivas”. Además, optaron, como
hemos dicho, por cerrar el Instituto.
Al parecer, el alumno mantiene desde hace unos meses una
conducta reiterada de faltas de respeto, insultos, amenazas,
coacciones y agresiones verbales y físicas a profesores y
miembros del equipo directivo.
Como medidas de presión, un grupo numeroso de personas,
entre padres, alumnos y profesores, se concentraron,
previamente, a las puertas del Centro clausurado para exigir
una reacción de las autoridades y protección policial,
argumentando la Dirección del Centro, que “no tenemos
recursos para resolver este tipo de situaciones”.
La respuesta de la Consejería se excusaba en que “legalmente
no había nada que se pudiera hacer. Por todo lo cual, al ser
la respuesta de las instituciones claramente insuficiente,
afirmaba la Presidenta de la AMPA, que es una situación sin
solución.
Cómo último recurso, el Gobierno valenciano piensa activar
el mecanismo previsto en el “Plan de Prevención de la
Violencia y Promoción de la Convivencia” en los centros
escolares de la Comunidad Valenciana (Plan Previ). El
Programa consiste en poner en marcha la actuación de los
Psicólogos que deberán trabajar con la familia del menor
expulsado, aunque también incluye la intervención de otros
especialistas en el propio centro si fuese necesario.
Esta medida convenció a los responsables del centro que,
tras una reunión urgente decidieron que el centro abriera
las puertas, después del período que ha permanecido cerrado.
Bueno sería tener en cuenta la opinión de un psicólogo
experto en violencia escolar, al considerar “que la medida
de expulsar al menor, en casos como el del Instituto citado
donde se produjo el conflicto, es contraproducente”. “Ya no
sirve para nada. Las medidas correctoras deben ser
inclusivas, solucionarlas dentro del Centro, sin llegar a
judicializar la acción educativa”. Sin embargo, preocupa, la
presencia de la madre en el Centro, con su actitud de apoyar
la conducta del alumno.
En reciente época pasada, los conflictos escolares, que
todavía no habían llegado a las agresiones a los profesores,
se resolvían con la sola intervención del Consejo escolar y
la aplicación estricta del Reglamento de Centro. Cuando se
trataba de una falta grave, en general, se tendía a no
expulsar al infractor, por aquello de la pérdida de la
escolarización del mismo. Sólo en casos muy graves se
estudiaban fórmulas que iban dirigidas a aislar al alumno
del Centro.
En común acuerdo con los padres se negociaba un cambio de
Centro, que en general, no se conseguía los objetivos
propuestos. Además, si lo que se pretendía era modificar la
conducta del infractor, ésta no se conseguía, por lo que el
mismo al abandonar un centro e integrarse en otro, a lo que
conducía era al abandono escolar del alumno.
Hubo un momento, ante las posibles renuncias por parte del
profesorado de utilizar medidas inapropiadas, drásticas y
autoritarias, que en realidad contribuían a empeorar la
situación de los infractores, que se pensó en la imposición
del “mediador escolar”, para lo cual se necesitaba el domino
de técnicas y su correcta aplicación.
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OPINIÓN / EL MAESTRO
