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Durante años nuestro país ha
sufrido la ineptitud en la gestión de los recursos públicos
de un Ejecutivo socialista, que nos ha llevado a cifras
verdaderamente dramáticas; más de 5.000.000 de desempleados
y casi un 12% de déficit público, solo comparable a lo
sucedido en nuestro país entre los años 1993 y 1995.
Circunstancia, que ha provocado el mayor recorte en derechos
sociales de toda nuestra historia democrática; reducción de
las retribuciones del personal del sector público en un 5%
de media en 2010 y congelación en 2011, suspensión en 2011
de la revalorización de las pensiones, eliminación de la
prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de
enero de 2011, eliminación de la devolución de 400€ del IRPF
o la eliminación del régimen transitorio para la jubilación
parcial previsto en la Ley.
No obstante, a pesar de encontrarnos en esta pésima
situación socio económica, la reacción de los agentes
sociales mayoritarios, supuestos garantes de los derechos de
los trabajadores en activo y de los desempleados en mayor
medida, no ha sido la esperada ya que, apelando a la
prudencia, han rehusado en los últimos meses expresar su
rechazo a las políticas llevadas a cabo hasta el momento a
través del único medio a su alcance, la movilización
sindical y en particular, tras los acontecimientos acaecidos
la semana pasada la única respuesta posible, convocar la
primera Huelga General a José Luís Rodríguez Zapatero.
Quizás, la contestación a esta cuestión podríamos
encontrarla en las previsiones de un Ejecutivo, que a pesar
de las directrices marcada desde el seno de la Unión
Europea, continua negándose a reducir las subvenciones
destinadas a las centrales sindicales mayoritarias,
organizaciones empresariales y partidos políticos. Mientras
el Ejecutivo socialista consumaba el pasado jueves el mayor
recorte en derechos sociales de nuestra historia
democrática, el Boletín oficial del Estado detallaba las
bases reguladoras para la concesión de 15,8 millones de
euros en subvenciones dirigidos a las centrales sindicales
en función de su representatividad. Debo señalar, que las
centrales mayoritarias dirigidas por Cándido Méndez y
Ignacio Fernández Toxo se repartieron el pasado año, a
partes iguales, más de 190 millones de euros, cantidad
incrementada en un 50% desde la llegada de José Luís
Rodríguez Zapatero ya que, a las mencionadas anteriormente,
debemos añadir las ayudas provenientes de las
Administraciones autonómicas, las ayudas destinadas a cursos
de formación provenientes del Ministerio de Política
Territorial, las provenientes del Ministerio de Trabajo e
Inmigración otorgadas como consecuencia de su participación
en los diferentes organismos consultivos y las obtenidas a
través de las diferentes fundaciones.
En definitiva, los trabajadores españoles sufrimos las
consecuencias de las decisiones erróneas adoptadas por el
Ejecutivo socialista pero, al mismo tiempo, las
consecuencias de nuestra pasividad a la hora de expresar
nuestros desengaños como consecuencia del incumplimiento
reiterativo de las promesas electorales formuladas por el
Partido Socialista durante los últimos años. Promesas
desatendidas apresuradamente demostrando, que tan solo
representaron el mayor engaño colectivo contra todo el
electorado que apoyó mayoritariamente el proyecto político
representado por José Luís Rodríguez Zapatero. Ahora, una
vez conocidos los últimos datos socio económicos, el alcance
de las restricciones incluidas en el decretazo presentado a
finales de la semana pasada y las prioridades económicas del
Ejecutivo socialista en relación a mantener en silencio el
mayor tiempo posible a los representantes sindicales, es el
momento de expresar nuestro rechazo absoluto a la labor
tanto de los miembros del Gobierno socialista como, de los
impasibles dirigentes sindicales. No obstante, esperemos que
los últimos acontecimientos hagan despertar de su letargo a
quienes deberían dirigir la lucha por el bienestar general
de todos los trabajadores españoles desechando beneficios
económicos como los mencionados.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
