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La Asamblea de Melilla aprobó ayer por unanimidad de forma
inicial el nuevo Reglamento de Turismo, un documento
normativo por el que la Ciudad Autónoma pretende adaptarse a
la nueva directiva europea de servicios y cubrir el vacío de
ordenación que ha quedado en todo el país tras su entrada en
vigor. El consejero de Economía y portavoz del Ejecutivo de
Melilla, Daniel Conesa, ha explicado que este Reglamento de
Turismo es fruto de la derogación por parte del Estado de
toda la normativa de ordenación turística, que ha sido
transferida a las autonomías.
El Gobierno aprobó el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero,
por el que se derogan diversas normas estatales sobre acceso
a actividades turísticas y su ejercicio, en el que se
establece que tendrán que ser las Comunidades Autónomas y
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla las que adopten
las normas de ordenación en este campo, de acuerdo con la
normativa europea de servicios.
“El Estado plantea que sean las comunidades y las ciudades
de Ceuta y Melilla las que hagan la ordenación en un tema en
el que nos hemos quedado sin ordenación”, ha continuado
diciendo Conesa, que ha defendido el nuevo Reglamento de
Turismo elaborado “a caballo” entre la Consejería de
Economía y el Patronato de Turismo durante varios meses.
Este Reglamento de Turismo ha sido aprobado por la
unanimidad de los tres grupos parlamentarios, a pesar de que
los dos partidos de la oposición, PSME-PSOE y Coalición por
Melilla (CPM) han pedido dejarlo sobre la mesa por las
“dudas” que le han surgido respecto a su legalidad.
En concreto, el diputado socialista Amin Azmani ha mostrado
sus dudas en dos cuestiones fundamentales: por un lado, la
capacidad sancionadora del cuerpo de inspectores turísticos,
y por otro, la creación de la figura de guías oficiales,
cuestiones a las que CPM se ha sumado.
Sobre el primer aspecto, Azmani ha recordado que la Ley
Orgánica para la Potestad Sancionadora “dice claramente que
la potestad la deben tener el alcalde o los concejales
electos”, algo que no aparece en el nuevo Reglamento de
Turismo, que indica que un inspector de Turismo puede
recabar la colaboración de la Policía Local o cualquier
autoridad.
De la figura de los guías oficiales, el diputado socialista
ha mostrado sus dudas de que cumpla con la directiva europea
de servicios, ya que ésta refleja una liberalización en este
ámbito, de modo que cualquiera puede ser guía turístico.
Conesa ha rechazado las dos dudas de PSOE y CPM al recordar
que quien tiene realmente la facultad sancionadora es la
Policía Local en sus funciones de policía administrativa, de
modo que los inspectores turísticos sólo realizarán una
función de control o supervisión.
Además, ha dicho que una cosa es que se libere la profesión
de guía turístico, pero que eso no impide que haya un
reconocimiento oficial a determinados profesionales que
tienen el carácter de oficiales por el hecho de tener una
serie de conocimientos sobre el patrimonio o idiomas.
Conesa ha insistido en que la Asamblea tiene competencias
para redactar este reglamento, tal y como ha indicado el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por lo que ha
abogado por aprobar de forma inicial este Reglamento de
Turismo y aprovechar el periodo de exposición de treinta
días para hablar sobre las cuestiones o dudas que se puedan
resolver.
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asamblea plenaria
