La Federación de Servicios Públicos de UGT ha vuelto a
cargar contra la presidenta, Amalía Díaz, y la secretaria,
María Morilla, del Comité de Empresa del Ministerio de
Educación por “desacatar” la sentencia del Juzgado de lo
Social de la ciudad autónoma que les obligaba a entregar
copias de las actas de este órgano al representante ugetista
Miguel Sánchez Guillén.
Según explicó el sindicato a través de un comunicado de
prensa en la reunión del Comité que tuvo lugar el martes las
dos representantes de Comisiones Obreras “se negaron a
facilitar las fotocopias de las actas, como les había
condenado a hacer la sentencia judicial”.
UGT anunció que pedirá al Juzgado de lo Social “el
complimiento de la sentencia”, y a que entiende que tanto
Amalia Díaz como María Morilla “mantienen una conducta
constitutiva de una vulneración de la Libertad Sindical”.
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