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La nueva Ley de Puertos, que será debatida hoy en el
Congreso de los Diputados, establece, entre otras medidas
que la Policía Portuaria tendrá consideración de autoridad
“pública”, para evitar de este modo las dudas acerca de la
posibilidad de que este “importante” servicio pudieran
desempeñarlo empresas privadas.
La Policía Portuaria tendrá, con la entrada en vigor de la
nueva Ley de Puertos, la consideración de autoridad
“pública”. Esta es una de las últimas novedades que se han
introducido en el texto, y que según explicó el presidente
de la Comisión de Fomento del Congreso y ponente de la Ley,
Salvador de la Encina, tiene por objeto evitar las
“tentaciones que pudieran tener algunos puertos” de
privatizar este servicio y las dudas suscitadas en el
personal en torno a esta posibilidad.
De la Encina recordó que en la anterior reforma, en 2003, se
introdujo ya, a instancias de él mismo, la calificación de
esta policía como “autoridad”. En la normativa aún vigente
se recogía que la “las funciones de la Policía Portuaria en
los puertos se determina en el Reglamento de explotación y
policía por el personal de la Autoridad Portuaria,
debidamente cualificado y adscrito al servicio de policía, a
cuyos efectos tendrá la consideración de agente de la
autoridad de la administración portuaria en el ejercicio de
sus potestades”. A esta redacción se ha añadido en la nueva
Ley de Puertos que este personal tendrá potestades
“públicas”, “sin perjuicio -añade- de la obligación de
colaborar, siempre que sea preciso, con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad”. “La consideración de autoridad
pública hace que ese papel sólo lo puedan desempeñar -aclara
el parlamentario socialista- aquellos que tienen esa
consideración, que eran hasta ahora Guardia Civil, Policía
Nacional y Policía Local”.
Esto no altera, aclaró De la Encina, la naturaleza de este
Cuerpo, la forma de acceso al mismo y su preparación, pues
se trata, indicó de una policía administrativa,
“colaboradora siempre de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y que, por tanto, no puede portar armas y tiene
que actuar, para detener a una persona, con la colaboración
de la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Local”. No
obstante, en otra enmienda de la Ley se recoge el compromiso
de que “en el plazo de un año se desarrollará un reglamento
de explotación y policía actualizado” en el que intervendrá
el Ministerio de Interior y con el que se podrá “mejorar,
cambiar o no el acceso y otras condiciones” del ejercicio de
esta función.
Reducción de los Consejos
Como otra de las últimas novedades que afectan a Ceuta, se
cuenta también la reducción de los miembros de los Consejos
de Administración de los Puertos, que serán un máximo de 10
y un mínimo de 3. Hasta ahora el presidente, el director y
el Capitán Marítimo eran miembros natos, y ahora sólo queda
como tal el último. Los representantes de la Administración
del Estado serán el Capitán y tres vocales, de los que uno
será el Abogado del Estado y otro un representante de
Puertos del Estado, de modo que en el caso de Ceuta quedará
alguien más a nombrar, además de “uno o dos” representantes
sociales.
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Los puertos tendrán un marco tarifario “mucho más flexible”
La nueva Ley, pactada entre el
PSOE y el PP, contempla como “novedad más importante”, según
De la Encina, un marco tarifario “mucho más flexible que el
actual”. A partir de su entrada en vigor, que se calcula se
producirá el próximo mes, cada Autoridad Portuaria “va a
poder aplicar unas tasas con mucha mayor libertad que ahora”
en función de factores como “las perspectivas del puerto, su
crecimiento, las inversiones, etcétera” y estarán sujetas a
unos coeficientes correctores, unos márgenes máximos y
mínimos que le marcará Puertos del Estado. La reforma
“consolida el empleo” en los puertos y persigue
“impulsarlos” frente a la competencia cada vez mayor, de
otros como los marroquíes.
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