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Sí irregularidades. Pese a que por decisión de la Junta
Electoral y su órgano tutelante, la Dirección Provincial de
Comercio se haya restablecido el proceso -en suspenso
durante algo más de una semana-, la aceptación de
susbsanaciones de avales apelando al artículo 71.1 de la Ley
de Procedimiento Administrativo [al que se acogió la Junta],
se ha producido sin cumplir estrictamente lo prevenido en el
texto legal que obliga al aviso de subsanación a las
candidaturas defectuosas y un plazo para ello.
Pero aún más, las elecciones a la Cámara se rigen por lo
dispuesto en el Régimen General de Cámaras, y en él queda
muy claro la imposibilidad de subsanación. El Consejo
Superior de Cámara, siguiendo el RGC, establece que “una
candidatura que esté avalada por la firma de electores que
no pertenecen al grupo o categoría del candidato, y que por
este motivo no alcance el número suficiente de avales
requeridos, no reunirá los requisitos que el RGC exige para
la presentación de candidaturas, por lo que no podría
procederse a la correspondiente proclamación de la
candidatura”. Sin embargo, la Junta Electoral admitió, en
aplicación a la Ley, pero de manera sui generis, la
subsanación de siete candidaturas. Hecho respaldado por la
tutelante Dirección Provincial de Comercio.
A partir de aquí, el proceso ya está adulterado, lo que
puede acarrear consecuencias ulteriores. No es el primer
proceso en que se producen hechos de difícil comprensión. La
Junta Electoral para estos comicios camerales se conforma
por seis miembros, cuatro de ellos empresarios con pocos
conocimientos jurídicos, un presidente que tampoco es ducho
en asuntos jurisdiccionales, y un secretario, Juan José
Rosales, verdadero conocedor de los vericuetos legales por
su condición de licenciado en Derecho, veterano funcionario
de Comercio [jefe de sección] y persona con ascendente
gilista, protagonizó en anteriores elecciones ‘jugadas’
desde la Presidencia de la Junta Electoral que provocaron la
suspensión y el aplazamiento de unas elecciones, como quedó
marcado el pasado 31 de marzo de 2006 cuando decidió
suspender el sorteo de la Mesa Electoral. En aquella
ocasión, Rosales reunió a su Junta un lunes 27 de marzo para
resolver distintos asuntos del proceso [las elecciones
estaban fijadas para el 30 de marzo] dando pie a las
consiguientes prisas para llegar a tiempo a la fecha de la
convocatoria. La Cámara de Comercio -convocante de las
elecciones- no pudo cumplir con los plazos de convocatoria
definidos y conformar una Mesa Electoral de 8 miembros que
debía estar cerrada 48 horas antes según el Reglamento.
Entonces la pugna de Moreno era con Ramesh Chandiramani.
En cada proceso electoral, de las últimas convocatorias, la
figura dominante en las Juntas conformadas ha sido y es
actualmente el jefe de sección de la Dirección Provincial de
Comercio, Juan José Rosales.
En esta ocasión, refugiado tras la sombra del presidente
Jesús de Manuel, permite, alecciona y aconseja
procedimientos que rayan la adulteración, a una Junta
Electoral donde el desconocimiento de lo jurídico es patente
en todos sus miembros menos en el que actúa de secretario de
la propia Junta, el ínclito Rosales.
Él sabe que el procedimiento utilizado basado en el artículo
71.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo no se ha
aplicado con rigor, y aun así, se ha permitido la
continuación del proceso electoral pese a estar adulterado
en su aplicación. Fundamentalmente porque los avales, según
el RGC, no serían subsanables.
De esto es consciente Victoria Azpiazu quien ha intentado
avenir a las partes para el relanzamiento de un proceso
electoral que se restablece quebrándose la rigurosidad de la
aplicación de la Ley con consecuencias futuras desde el
mismo instante en que se ha permitido su continuación... Y
eso lo sabía Juan José Rosales, el funcionario que siempre
aparece detrás.
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elecciones a la camara de comercio
