Acabamos de conocer los últimos datos de paro que nos
muestran los estragos que está causando esta crisis, puesto
que al no ajustarse la productividad por salarios lo hace
por cantidades, alcanzando ya un 20,05% de desempleados, lo
que supone un total de 4.612.700 parados
en nuestro país, lo que nos indica que se debe de producir
una reforma laboral de inmediato. Es por ello, que desde
distintas organizaciones empresariales se siga pidiendo, de
manera urgente, esta reforma.
Pero tras varios meses de negociaciones entre el Gobierno,
sindicatos y patronal, aún no se ha llegado a un acuerdo en
firme. Así que esta semana Corbacho ha amenazado con lanzar
un decretazo.
Pero hay que destacar que en este diálogo social, deben
tratar en profundidad la flexibilización del mercado de
trabajo, desjudicializando y liberalizando la intervención
administrativa en los procedimientos de ajuste de
plantillas.
Asimismo, se debe sensibilizar la negociación colectiva
respecto a la coyuntura, para que los ajustes sean vía
precios en vez de vía cantidades. Además, tenemos un gran
problema en las empresas: el absentismo laboral.
A pesar de haberse reducido, desde el comienzo de la crisis
se deberían introducir mecanismos de control e incentivos
que lo redujesen aún más.
Otras cuestiones importantes son la movilidad geográfica,
que habría que incentivar, así como impulsar la
cualificación y especialización de los trabajadores con
arreglo a las exigencias de los avances tecnológicos y los
cambios en la estructura productiva de la economía.
Dentro de la situación que estamos viviendo, debería
fomentarse la Formación Profesional y formar a desempleados,
especialmente de la construcción, por ser el sector más
afectado, para cubrir nuevos puestos en otras áreas, así
como la formación de los empleados de las empresas para ser
más competitivas y competentes.
Las carencias de formación se traducen en serias
limitaciones que impiden la necesaria adaptación de las
empresas a demandas cambiantes y retraen su capacidad de
innovación y creación de valor añadido, cuestiones
esenciales para una competitividad más sólida.
La reforma del mercado de trabajo debería también priorizar
la supresión de la brecha existente con relación a los
costes de despido, ya que esta dualidad, derivada del alto
grado de proteccionismo de los trabajadores con mayor tiempo
de permanencia en las empresas, sigue dificultando el ajuste
entre la oferta y la demanda de trabajo, insensibilizando el
mismo respecto a la coyuntura.
En este sentido, la corrección en el mercado se ha realizado
de forma notablemente asimétrica, al producirse por la vía
del despido de los trabajadores temporales a un coste
prácticamente nulo. Los altos costes de despido de los
trabajadores más antiguos condicionan las nuevas
contrataciones; distorsionan las decisiones relacionadas con
la movilidad geográfica e interempresarial de los más
veteranos; dificultan el acceso al mercado de los colectivos
más representativos en la contratación temporal, como son
las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes.
Además, estos elevados costes desaniman a los empresarios a
incrementar la capacidad productiva y contratar más
personal, de modo que, cuando se produce una expansión de la
demanda, prefieren elevar los precios antes que la
producción.
Todos los analistas estamos de acuerdo en que habría que
flexibilizar el mercado empezando por eliminar la distinción
contractual entre trabajadores temporales y fijos,
estableciendo un contrato de tipo universal cuyas
indemnizaciones por despido se acotasen en torno a los 20
días por año trabajado.
Y ante la falta de ideas reformistas, el Gobierno apela por
la importación del modelo alemán de trabajo reducido. Pero
hay que mencionar que esta medida no fue diseñada como
fórmula anticrisis, ya que forma parte de la política de
empleo alemana desde la posguerra mundial y, por lo tanto,
el objetivo de la misma no es contrarrestar el paro cíclico,
sino evitar los costes de transacción asociados a la
búsqueda y contratación de fuerza laboral ante determinadas
contingencias de carácter temporal que pueden afectar al
tejido productivo.
En España, su aplicación resultaría del todo ineficiente, ya
que el agotamiento del modelo productivo imposibilitaría la
reabsorción de todo el empleo destruido por parte de la
actividad constructora, además de que el coste de
oportunidad de los recursos públicos destinados a mantener
el empleo artificial derivado de esta medida resultaría, en
esta etapa del ciclo, muy elevado.
Respecto al modelo austriaco de indemnización, nos parece
adecuado, puesto que reduce el coste para la empresa en
época de crisis y favorece la movilidad del trabajador. Pero
para su aplicación habría que eliminar la indemnización por
despido, ya que en caso contrario incrementaría los costes
laborales y, por tanto, el paro. Si se llevasen a cabo estas
reformas laborales, España podría iniciar una senda de
crecimiento. Son muchas las reformas a llevar a cabo, pero
una cosa está muy clara: la reforma del mercado laboral es
una tarea inaplazable en el tiempo.
* Director general del Instituto de Estudios Económicos.
|