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sucesos - SÁBADO, 8 DE MAYO DE 2010


agente de la udyco. archivo.

detencion
 

Cinco detenidos acusados de estafar 2,81 millones a la Seguridad Social

Según la Policía un conocido empresario local, H.A.M., y varios testaferros crearon una red de sociedades “sin sustento y descapitalizadas” para defraudar al Estado
 

CEUTA
Gonzalo Testa

ceuta
@elpueblodeceuta.com

Un conocido empresario local del ramo de la Construcción cuya identidad responde a las iniciales H.A.M. y cuatro de los testaferros que le ayudaron a crear una red de sociedades “sin sustento real, sin garantías ante sus responsabilidades, descapitalizadas y constituidas causando un perjuicio económico a la Seguridad Social y a la protección de sus trabajadores” han sido detenidos, puestos a disposición judicial y liberados por haber estafado, supuestamente, 2,8 millones de euros al Estado.

Agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Comisaría General de la Policía Judicial, junto con el Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, han detenido y puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que ya los ha dejado en libertad, a cinco ceutíes como presuntos autores de un delito de insolvencia punible y varios delitos contra la Seguridad Social por un importe total de 2,81 millones de euros.

Según informó ayer la Jefatura a través de una nota de prensa la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ceuta advirtió de la existencia de un grupo de empresas radicadas en la ciudad “que adeudaban grandes cantidades de dinero en concepto de seguros sociales, además de presentar otras irregularidades”.

Los detenidos son varios testaferros y el propio H.A.M., el administrador de las citadas empresas (A. Europromociones S.L.; Estruceuta S.L.; y A. Mantenimiento y Construcciones S.L., entre otras); que según la Policía “constituyen un grupo empresarial de razones sociales, creadas sucesivamente, cuya actividad está vinculada a la construcción inmobiliaria y entre las que existe trasvase de trabajadores”. Dichas sociedades habrían generado sistemáticamente deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social por impago de las cuotas de los seguros sociales de sus trabajadores.

Además, las investigaciones policiales han permitido confirmar que “se ha producido la creación de empresas ficticias, sin un sustento real, utilizando testaferros (en unas ocasiones familiares del responsable y en otras trabajadores de alguna de ellas), sin garantías ante sus responsabilidades, ya que se encuentran totalmente descapitalizadas y con utilización abusiva de su personalidad jurídica, constituyéndose de manera sucesiva o simultánea para la prestación de los mismos servicios, causando un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social así como para la protección social de los trabajadores de esas empresas”.

Objetivo, eludir los pagos

“Todas estas maniobras”, detalló la nota policial, “tenían como finalidad impedir u obstaculizar el proceso de intervención de las Unidades de Recaudación Ejecutivas de la Tesorería General de la Seguridad Social y consolidar una trama encaminada a eludir el pago de las cuotas de Seguridad Social por parte de las empresas generadoras de deuda y que carecen de patrimonio”.

La deuda global de las distintas razones sociales cuantificada por la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 2,8 millones de euros, superando hasta en ocho ocasiones la cantidad de 120.000 euros, “condición necesaria para que se consume el delito específico contra la Seguridad Social”, detalló la Policía Nacional.
 


Un delito castigado con multa y penas de hasta 4 años de cárcel

Los delitos contra la Seguridad Social y su regulación fueron una de las grandes innovaciones introducida por la Ley Orgánica 6/1995, que extendió a esta institución las defraudaciones contempladas para las Haciendas Públicas. El objeto de la defraudación lo constituyen las ‘cuotas de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta’. En el concepto de cuotas la Fiscalía General del Estado incluye tanto la cuota empresarial como la obrera. El Código Penal establece que si la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas excede de 120.000 euros el defraudador “será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía” en función de si concurren o no determinadas circunstancias agravantes.
 

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