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sucesos - DOMINGO, 2 DE MAYO DE 2010


El local objeto de este litigio. f. raso.

tribunales
 

El vicario, llamado a declarar como imputado por una presunta estafa

Francisco Correro está citado en las diligencias previas abiertas por el Juzgado
de Instrucción número 5 junto a otro acusado, el agente inmobiliario Moisés Bentata
 

CEUTA
Tamara Crespo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha citado, en la fase de diligencias previas, al vicario de Ceuta, Francisco Correro, y al agente inmobiliario Moisés Bentata para que declaren como imputados por un presunto delito de estafa en la venta de un local comercial. La acusación particular corresponde a Antonio Luis Ferrer, quien alega ser propietario de este establecimiento, ubicado en la esquina de Gómez Marcelo con el Paseo de las Palmeras. Según el denunciante, el local fue adquirido por su padre en 1976 y la iglesia, a cuyo nombre figura inscrita la finca desde 1917, se opuso en 2004 a un expediente de dominio a su favor.

El vicario general de Ceuta, Francisco Correro, y el agente inmobiliario Moisés Bentata han sido citados a declarar como imputados por un presunto delito de estafa. Ambos han sido citados para el próximo 14 de julio por la titular del Juzgado número 5 de Ceuta en el curso de las diligencias previas abiertas para esclarecer las circunstancias en las que, como representante de la Administración Apostólica de Ceuta, Correro vendió a Bentata un local situado en el Paseo de las Palmeras del que el denunciante, Antonio Luis Ferrer, se declara propietario.

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL PUEBLO, la denuncia que ha dado lugar a esta citación se interpuso el 1 de agosto de 2007 después de que Ferrer se viera, cinco meses antes, desposeído “por la fuerza” de dicho local. Según se relata en la denuncia, y explica el afectado el 16 de marzo de 2007 Ferrer se encontró con que las cerraduras y candados del local, que su padre adquirió en el año 1976 y que hasta entonces había tenido alquilado a terceros, habían sido “violentados” y sustituidos por otros. En el exterior figuraba un cartel de la inmobiliaria Bentata que ponía el local “en alquiler o venta”. Tras conocer que el vicario, en representación de la Administración Apostólica de Ceuta, había procedido a la venta del local “por precio que desconozco” -señalaba- a la citada mercantil, interpuso en primer lugar una demanda de “tutela sumaria de la posesión” que llevó a Bentata a “allanarse” en cuanto a la devolución de las llaves, a la que accedió, y en la que Ferrer le reclamaba daños y perjuicios. Con posterioridad, interpuso la denuncia que ha dado lugar a la apertura de las diligencias previas en el Juzgado número 5.

Le devolvieron las llaves


Entre los documentos que acompañan a la denuncia, entre ellos, la escritura de compraventa de esta propiedad por parte del padre del demandante en el año 1976, figura de hecho el remitido por el representante legal de la empresa denunciada accediendo a su solicitud de devolución de las llaves del local objeto del litigio, aunque no a la reclamación de daños y perjuicios causados por la privación de la posesión que le reclamaba Ferrer.

Asimismo figura en el expediente la nota del Registro de la Propiedad solicitada por Ferrer en la que se recoge que se encontraba “pendiente de despacho” un documento de compraventa que llegó por fax a las 14.00 horas del día de la solicitud. El documento era la escritura otorgada el 16 de marzo de 2007 por la que la Administración Apostólica de Ceuta vende a Incoce S.L. (sociedad mercantil de Bentata) la finca en litigio.

La historia de esta propiedad viene recogida en el amplio expediente que obra en el juzgado y que comienza con el contrato privado de compraventa por 1.900.000 pesetas del local y la vivienda situada sobre él por parte del padre del demandante, Joaquín Ferrer, a los Ibáñez Trujillo, quienes se lo habían alquilado casi 40 años antes. A la muerte de su progenitor, Ferrer heredó la propiedad, que su familia ha gestionado tanto con negocios propios, primero como concesionario de coches Fiat, como alquilándolo a terceros para diferentes usos comerciales. Fue entonces cuando el heredero trató de regularizar la inscripción de la finca, que los Ibáñez Trujillo y su padre no culminaron, mediante la promoción de dos expedientes de dominio para la “reanudación del tracto sucesivo”. En el primero, iniciado en 1996 no se inscribió la finca a su nombre pues, tal como consta en la documentación, hubo un error por parte de su representante legal, que solicitó este trámite no para el local comercial y la vivienda de la primera planta del edificio, sino para la totalidad de la finca, por lo que el juzgado no pudo llevarlo a efecto, ya que, como se hacía constar en el auto, “el propio promotor del expediente reconoce que la edificación (que tiene tres plantas) no le pertenece en su totalidad”.

La iglesia reclama


Con posterioridad, en 2004 y tras cambiar de representación legal, Ferrer inició un nuevo procedimiento en el mismo sentido. Esta vez, y a diferencia de lo ocurrido con el expediente de dominio de 1996, cuando a pesar de los requerimientos correspondientes a quienes pudieran estar interesados nadie reclamó en contra de su intención, la Administración Apostólica de Ceuta a través del vicario general, se opuso a la solicitud “de reconocimiento de la venta inicial y de las sucesivas transmisiones” de la finca, que en 1917 estaba inscrita a nombre de la iglesia y al no existir “en los archivos de la misma constancia de dicha venta”. Esto ocurrió en 2004, por lo que la inscripción de la finca a nombre de Ferrer se le denegó en esta ocasión por oponerse la administración eclesiástica. No obstante, Ferrer continuó disfrutando de la posesión efectiva del local hasta la ocupación forzosa y sin aviso que denunció en marzo de 2007.
 


En el solar había una casa inscrita en 1917 a nombre de la iglesia

Hasta los años 40, cuando los Ibáñez Trujillo construyeron el actual edificio de las Palmeras en el que se ubica el local por cuya venta por parte del vicario se ha interpuesto una denuncia, había en el solar una casa baja propiedad de la iglesia. Al parecer, y según relató el padre del demandante, esta familia llegó a algún acuerdo de compra con la autoridad eclesiástica y de hecho, construyó el solar, tras el derribo de la edificación original el inmueble de tres plantas actual, a pesar de lo cual, no se modificó la inscripción registral de la finca, que había sido practicada el 12 de mayo de 1917 a nombre de la iglesia. No obstante, y a lo largo de todo el siglo XX se produjeron diversas transmisiones, primero entre distintos miembros de la familia Ibáñez Trujillo, que lo alquilaron durante más de 30 años a Ferrer, quien con posterioridad, en 1976, se lo adquirió mediante contrato de compraventa privado.
 

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