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En un tono inusualmente enérgico, el delegado del Gobierno,
José Fernández Chacón, aclaró ayer a iniciativa propia y
tras escuchar las declaraciones del presidente de la CECE,
que el contrato de la línea de transporte marítimo de
interés público tiene y tendrá tarifas máximas a cumplir por
la adjudicataria. Tal como señaló, el informe de la Comisión
Nacional de la Competencia recoge que “al resto de
compañías” no se les puede aplicar esta restricción porque
les impediría la libre competencia.
El delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, realizó
ayer, a iniciativa propia y en un tono inusualmente
enérgico, una serie de aclaraciones en torno al transporte
marítimo y la fijación de tarifas máximas, que según
manifestó en reiteradas ocasiones, existen y seguirán
existiendo en el contrato de la línea de interés público.
Durante su comparecencia con el secretario de Estado de la
Seguridad Social y tras otra pregunta de los periodistas, el
delegado siguió en el uso de la palabra para referirse a
este asunto, a raíz de las declaraciones que según señaló
más tarde, había oído del presidente de la Confederación de
Empresarios de Ceuta (CECE), Rafael Montero Ávalos. En su
opinión, el representante empresarial “se equivocaba, no
tenía datos”, por lo que “con mucho gusto”, se prestó a
proporcionárselos. El delegado explicó que en lo que dijo
Montero, “en concreto, sobre la Comisión de Transporte que
está estudiando los precios y las tarifas máximas”, había
una “equivocación” que a su vez “equivoca al público”, por
lo que consideraba que era su obligación “salir y
rectificarle”.
En este sentido, el máximo representante del Gobierno de la
Nación en Ceuta aclaró que “cuando se habla de que el
Gobierno no va a fijar las tarifas máximas a las compañías,
si se dice así no se está diciendo la verdad”. “Hay que
distinguir -apuntó- dos tipos de servicios que se prestan
por esas compañías, una la que está bajo contrato como línea
de servicio público y en la que ya se aplican las tarifas
máximas y por su puesto en el próximo contrato se van
aplicar, con lo cual, niego la mayor, o sea, se van a
aplicar tarifas máximas”, espetó e insistió.
Por otro lado está, tal como quiso aclarar el delegado, el
hecho de que “hay un informe no del Ministerio de Fomento,
sino de la Comisión Nacional de la Competencia, un órgano
independiente, que dice que al resto de compañías que operen
en el Estrecho no se les puede poner, evidentemente, unas
tarifas máximas porque evitarían la libre competencia entre
empresas del sector”. “Pero no se puede confundir, que es lo
que creo que se traducía de lo que ayer oí -indicó- la
compañía que accederá a tener un contrato de servicio
público, que sí va a estar obligada a unas tarifas máximas,
que sí va a tenerlas, y para eso está la Comisión de
Transporte en la que está la Ciudad Autónoma, Marina
Mercante e incluso la Delegación del Gobierno, con las otras
compañías que puedan operar, que están sencillamente a unas
obligaciones de servicio público en las que se les puede
limitar solamente algún número de trayectos mínimo que
puedan hacer para cubrir la línea Algeciras-Ceuta”. “Me
gustaría puntualizarlo porque es importante y yo creo que se
desinforma”, concluyó el delegado del Gobierno, no sin antes
repetir que se brinda al presidente de los empresarios a
“mandarle cuando quiera esta información, que la tiene a su
disposición”.
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transporte maritimo
