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El Consejo Económico y Social (CES) retomará hoy el debate
sobre la legalidad de favorecer la contratación de
desempleados ceutíes sin vulnerar la legislación vigente, un
asunto que ya abordó la Ciudad Autónoma cuando se propuso la
implantación de determinadas cláusulas sociales en los
proyectos financiados con fondos públicos.
El BOCCE publicó hace una semana las nuevas condiciones que
Hacienda aplicará a las adjudicatarias de obras públicas con
un presupuesto superior a 50.000 euros, que entre otras
cosas exigen que al menos un 30% de la plantilla necesaria
para su ejecución proceda del desempleo.
El CES abordará desde hoy, a instancias de UGT-Ceuta, las
“fórmulas legales viables” para favorecer la contratación de
desempleados ceutíes. La Ciudad ha anunciado, por su lado,
que encargará un informe jurídico para explorar las
posibilidades de satisfacer este mismo objetivo para, de ser
imposible, intentar negociar directamente con las empresas
que reciban contratos públicos la necesidad de que incidan
en la contratación de parados locales.
Diferentes ayuntamientos de España incluyen en sus
convocatorias como criterios de valoración de las ofertas
que reciban el de la contratación de desempleados locales.
El Servicio Andaluz de Empleo optó el año pasado por la vía
de la intermediación para que fuesen parados onubenses los
primeros en incorporarse a la campaña de plantación de
frutos rojos y la de recolección temprana de los cítricos,
lo que permitió la contratación de 1.500 personas sin empleo
radicadas en la provincia de Huelva por parte de los
empresarios.
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consejo economico y social
