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La Asamblea de Melilla aprobó durante el transcurso de la
jornada de ayer con los únicos votos favorables del PP el
nuevo pliego de condiciones para la adjudicación de la
explotación, mantenimiento y conservación de sus
instalaciones hídricas, un servicio que tendrá un coste
superior a diez millones de euros en cuatro años.
Los grupos parlamentarios de PSOE y CPM se han opuesto a
este punto del orden del día al considerar que el pliego no
garantiza el desarrollo de este servicio mediante unos
parámetros de calidad, sino en criterios económicos, algunos
de los cuales incluso han puesto en tela de juicio en cuanto
a su legalidad.
Así, el portavoz socialista, Dionisio Muñoz, ha criticado
que el Gobierno haya entregado este pliego a la oposición
con 48 horas de antelación, lo que hace “materialmente
imposible” que los diputados que deben fiscalizar la
actuación del Ejecutivo puedan conocer en profundidad los
detalles del contrato.
Además, ha reprobado que el 90 por ciento de los puntos se
otorguen en función de los criterios económicos, algo que,
en su opinión, no tiene cabida en un servicio de tanta
trascendencia para los ciudadanos como es el de la gestión
de agua potable y aguas residuales.
Por su parte, el diputado cepemista Abdelrahem Sellam ha
incidido en los mismos aspectos que el PSOE, aunque ha
solicitado que el asunto se quede sobre la mesa para
estudiar la posibilidad de que este servicio pueda ser
adjudicado a la empresa pública Remesa, en la que la Ciudad
Autónoma tiene una participación al 50 por ciento.
De hecho, ha propuesto reducir el periodo de adjudicación de
este servicio de cuatro a dos años para que de aquí a 2012,
Remesa pueda prepararse para asumir a partir de entonces la
gestión de estas infraestructuras hídricas.
Estas instalaciones son concretamente la planta depuradora,
las estaciones de bombeo, el tratamiento terciario, la
estación de tratamiento de agua potable, la estación de
pretratamiento de afinos, el bombeo a pie de presa, los
grupos electrógenos CT, y los depósitos generales -entre
ellos, el Pantano de las Adelfas-.
El consejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán, ha acusado a
la oposición de intentar “desinformar” a los ciudadanos con
sus críticas, al tiempo que ha rechazado la opción de CPM
sobre adjudicar este servicio a Remesa porque esta empresa
mixta está estudiando incluso la posibilidad de reducir las
actividades que desempeñan en la actualidad.
Asimismo, ha defendido los criterios y exigencias incluidas
en este pliego, que requiere de la empresa adjudicataria que
respete la clasificación marcada por el Estado, que “implica
todo” en cuanto a la calidad del servicio.
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