La diputada autonómica y secretaria general de la UDCE,
Fatima Hamed, aplaudió ayer la entrada en vigor de las
cláusulas sociales que exigirán que un 30% del personal
necesario para ejecutar obras públicas de más de 50.000
euros salgan del desempleo, aunque lamentó que el PP haya
tardado “dos años” en asumir la idea.
La secretaria general del primer partido de la oposición en
la Asamblea, la UDCE, Fatima Hamed, mostró ayer a través de
un comunicado de prensa su “satisfacción” por la entrada en
vigor de las nuevas cláusulas sociales que la Ciudad
aplicará a todas las adjudicatarias de obras públicas con un
presupuesto superior a 50.000 euros, nomrativa que fue
publicada en el BOCCE de anteayer. “El Gobierno ceutí se ha
decidido por fin”, se congratuló la diputada autonómica, “a
llevar a la práctica la propuesta que desde nuestro grupo
político elevamos a Pleno para incluir cláusulas sociales en
las contrataciones de la Administración por considerarlas
una herramienta útil, necesaria y que puede tener un calado
socioeconómico importante”.
Hamed lamentó que el Ejecutivo de Juan Vivas haya tardado
“más de dos años después de la primera vez que solicitamos
la adopción de una iniciativa de esta naturaleza para
intentar buscar soluciones a las altas cifras de desempleo
de nuestra ciudad y los elevados índices de exclusión social
que padecemos”.
La ‘número 2’ de UDCE deseó “que se haga lo mismo con la Red
Empresarial de Compromiso Social, también propuesta por
nuestro grupo como una manifestación más de nuestro
compromiso con la ciudadanía de realizar una oposición
constructiva a la vista de que el Gobierno del PP es incapaz
de articular por iniciativa propia medidas efectivas en la
lucha contra el desempleo”.
Amparo legal
La diputada recordó que las cláusulas sociales están
amparadas por la Ley de Contratos del Sector Público
(30/2007) que establece en su exposición de motivos la
posibilidad de la introducción de consideraciones de tipo
social en la contratación pública.
“Estas cláusulas afectarán a toda contratación de obra por
un importe superior a 50.000 euros y vincularán a la
contratación tanto de la Ciudad Autónoma como a la de sus
organismos autónomos, empresas municipales y fundaciones”,
amplió Hamed, quien explicó que a través de ellas “se
comprometerá a incluir entre los trabajadores a contratar a
un porcentaje de personas en situación de desempleo”.
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