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El presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta, Mustafa Mohamed, se
“solidarizó” ayer en nombre del colectivo con la alumna de
cuarto curso de la ESO que fue apartada primero y finalmente
expulsada del Instituto Camilo Jósé Cela de Pozuelo de
Alarcón (Madrid) por llevar el velo islámico y abogó por una
solución “dialogada” que prime su derecho a la Educación.
La FAMPA ceutí estudiará “la mejor fórmula” para contribuir
a que el caso de la niña Najwa Malha, expulsada de un
instituto madrileño por acudir a clase con el velo islámico,
se resuelva “de una manera dialogada, tal y como ha sucedido
con las situaciones similares con las que nos hemos
encontrado en la ciudad autónoma”, explicó el presidente del
colectivo de padres y madres de alumnos, Mustafa Mohamed,
quien baraja impulsar un pronunciamiento “de la comunidad
educativa ceutí, del Foro de la Educación o del Pleno” al
respecto.
“En Ceuta nos hemos encontrado en años anteriores con casos
similares que, gracias a la predisposición de las familias
involucradas, los colegios implicados y la propia
Administración se resolvieron de manera dialogada primando
el derecho a la educación de las jóvenes”, recordó Mohamed,
quien hizo votos para que una “politización mal entendida”
de la situación de Malha “acabe privándola de un derecho
fundamental como es el de estar escolarizada”.
En octubre de 2007 la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación se encontró con un caso similar en el Colegio
Concertado Severo Ochoa, cuyo Consejo Escolar aprobó unas
normas de vestuario que también vetaban el acceso a las
aulas con la cabeza cubierta, tal y como sucede en Pozuelo.
Las autoridades exigieron la readmisión de las dos niñas
apelando a la necesidad de primar el derecho a la educación
por encima de cualquier otro. En 2008 la situación se
repitió con otra alumna en el San Daniel y se resolvió
aplicando idéntica doctrina.
El verano pasado fuentes de la Administración educativa
advirtieron en declaraciones a este periódico de que no
permitirían la expulsión de ninguna alumna por parte de
colegio concertado alguno por esta razón y reconocieron que
en dicha coyuntura se plantearía incluso la retirada de
dicho concierto. En este caso el Gobierno socialista
mantiene esta misma postura. El Ejecutivo de la Comunidad de
Madrid apoya, sin embargo, la postura del instituto.
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solidaridad
