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En los últimos años, los ceutíes
hemos conocido de la existencia de una nueva terminología
como consecuencia de la llegada a la política local de
formaciones compuestas en su totalidad por ceutíes
musulmanes que han argumentado fundamentalmente sus
reivindicaciones en un discurso fácil y directo dirigido
hacia sus simpatizantes. La terminología en cuestión se
refiere a la acción que, pretende establecer políticas que
dan a un determinado grupo social, un trato preferencial en
el acceso a ciertos recursos o servicios públicos con el
objetivo de mejorar la calidad de vida del mencionado
colectivo aunque para ello, se deba discriminar al resto de
ceutíes que no comparten creencias religiosas, que con total
seguridad verán perjudicados seriamente sus intereses. Debo
señalar, que existe mucha polémica en nuestra ciudad
alrededor de unos postulados, que algunos consideran racista
por sí misma ya que, siempre alguien resultará discriminado
por la reparación de una presunta injusticia histórica.
La demagogia utilizada por algunos líderes políticos en
nuestra ciudad ha propiciado un incremento espectacular en
este tipo de manifestaciones sectarias, totalmente
inconstitucionales al referirse a una supuesta necesidad de
aplicar la mencionada discriminación positiva en cuestiones
tan esenciales como el acceso a la función pública de un
determinado colectivo o en relación a la elección del centro
escolar desatendiendo las valoraciones incluidas en la Orden
Ministerial correspondiente. En todo caso, reivindicaciones
que atentan contra los principios que defiende la
Constitución Española, aprobada por todos los españoles en
1978 al favorecer claramente a un determinado colectivo en
perjuicio de otros.
Quizás, es momento de recordar a quienes propugnan, apoyan y
defienden este tipo de actuaciones algunos de los artículos
incluidos en nuestra Carta Magna como por ejemplo, el primer
punto del artículo primero “España se constituye en un
Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, el
artículo catorce del Capítulo segundo “Los españoles son
iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social” y por supuesto, el artículo 27 en todos sus puntos
relativo al derecho a la educación y en particular, el punto
siete “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos
intervendrán en el control y gestión de todos los centros
sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los
términos que la Ley establezca”.
En definitiva, una vez más, los ceutíes, comprobamos cuales
son los verdaderos intereses que argumentan la acción
política del líder de la UDCE, Mohamed Alí. Un personaje
habituado a manipular la realidad, tergiversar los hechos y
utilizar la demagogia más rancia con la única intención de
obtener el respaldo electoral de este colectivo y con él,
conseguir el acceso a la vida pública a través de su
presencia en la Asamblea para, posteriormente obtener
beneficios políticos particulares por encima siempre del
interés general de unos electores acuciados por graves
problemáticas. Por tanto, sería totalmente aconsejable
abandonar inmediatamente estas posiciones sectarias, que
perjudican gravemente la convivencia intercultural en una
ciudad azotada, en los últimos meses, por un incremento
espectacular en la violencia callejera que principalmente
afecta a los vecinos a quienes estas formaciones pretenden
representar con dignidad. Todos los ceutíes, sin excepción
alguna, deseamos convivir en paz y armonía, trabajando todos
unidos por el presente y el futuro de una ciudad necesitada
del compromiso leal de todos los ceutíes.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
