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Asistimos desde el anuncio del
plan para la modernización de la Justicia a una avalancha de
noticias sobre las diferentes propuestas para alcanzar esa
ansiada mejora en la gestión de un servicio que resulta
esencial para la sociedad. Que la justicia sea ágil y
responda a los objetivos que rigen el ordenamiento jurídico
del que se ha dotado nuestra democracia es un derecho de la
ciudadanía al que no se puede renunciar. Los juzgados de
Ceuta se han convertido en lugar de experiencias piloto en
este campo, lo que resulta sin duda interesante pero que
también, como se encargan de apuntar los sindicatos, puede
tener sus contras. El plan para “desatascar” las ejecutorias
pendientes es un ejemplo de estos proyectos que esperemos
lleguen a buen puerto.
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Los primeros datos sobre el número
de partos que registra el recién estrenado Hospital
Universitario revelan lo acertado de algunas previsiones.
Desde UGT se advierte ya de la deriva hacia un incremento de
la atención sanitaria que se presta a pacientes
transfronterizos, puesto en evidencia en concreto por la
cantidad de mujeres de localidades marroquíes limítrofes que
acuden a Ceuta a la hora del parto y que representan un 35%
de estas atenciones. La presión asistencial que los
ciudadanos del país vecino ejercen sobre la sanidad ceutí es
un hecho constatado y a pesar de estar supuestamente
compensado con financiación extra, los medios, tanto humanos
como materiales, para responder con eficacia a esta
singularidad no parecen crecer al mismo ritmo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
