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					El Consejo de Ministros también dio ayer el visto bueno al 
					acuerdo en el que se formalizan los criterios objetivos de 
					distribución en 2010 de 2.163.645 euros para programas de 
					prevención y promoción de la salud, especialmente en el 
					ámbito de las enfermedades emergentes, reemergentes y de 
					especial relevancia, de los cuales 14.362 han correspondido 
					a la Ciudad Autónoma de Ceuta.
 La Delegación del Gobierno recuerda en un comunicado que el 
					Consejo Interterritorial de Salud, en su sesión del pasado 
					10 de febrero, acordó los criterios de distribución de 
					subvenciones a las comunidades autónomas. En particular, 
					estas subvenciones se dirigen a atender un conjunto de 
					programas de acuerdo a los compromisos asumidos en el seno 
					del Consejo Interterritorial, para su incorporación a los 
					planes de las propias autonomías.
 
 Las acciones y proyectos a los que pueden destinarse estas 
					aportaciones son los programas de salud basados en la 
					solidaridad y la equidad, lo que implica una contribución a 
					la reducción de las desigualdades sociales en salud.
 
 Además, las acciones orientadas a enfermedades específicas 
					deben integrarse en las estructuras y servicios existentes, 
					a fin de garantizar mejores resultados y que sean 
					sostenibles.
 
 Por otro lado, estas acciones deben estar caracterizadas por 
					la creación de empleo, particularmente en áreas y a personas 
					en desventaja y deben contribuir a la cohesión y cooperación 
					en materia de salud pública. También deben estar basadas en 
					las mejores pruebas científicas disponibles y tienen que ser 
					eficientes, eligiendo las que alcancen máxima efectividad a 
					menor coste. Por último, las acciones deben considerar que 
					entre los fines y actuaciones de los sistemas sanitarios se 
					encuentra la prestación de servicios sanitarios a la 
					totalidad de individuos y poblaciones y, sobre todo, a los 
					grupos vulnerables, en respuesta a sus necesidades concretas 
					según sexo, edad, raza o nivel de ingresos, los programas 
					específicos dirigidos a enfermedades concretas y el derecho 
					a la privacidad, dignidad y confidencialidad.
 
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