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Pese a la resolución judicial por la que se archivaba la
causa contra la ex presidenta del Consejo de la Juventud, la
Ciudad “sigue esperando” que el organismo juvenil justifique
las subvenciones que le fueron concedidas. Así, la
responsable del área, Kissy Chandiramani, considera que “una
cosa es que la Justicia vea que no hay delito en los gastos
y otra que el Consejo haya cumplido con el convenio”.
Poco más de un año ha pasado desde que el Consejo de la
Juventud (CJCE), el mayor órgano de representación juvenil
de la ciudad, desapareciese tras descubrirse un agujero
económico que le llevó a esfumarse por supuestos pagos que
nada tenían que ver con actividades propias de dicha
entidad.
A fecha actual, la Ciudad “sigue esperando” la justificación
de las subvenciones que le fueron concedidas al organismo
juvenil y cuya resolución judicial se ha saldado con el
archivo de la causa contra la que fuera la ex vicepresidenta
del CJCE, Mariam Mohamed. A este respecto, la consejera de
Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías, Kissy Chandiramani,
ha considerado que “un cosa es que la Justicia no vea que
hay delito en los gastos y otra, que el Consejo no haya
cumplido con el convenio estipulado para obtener dicha
subvención”.
Por ello, el expediente administrativo correspondiente al
caso del CJCE continúa abierto, es más, lo seguirá estando
ya que según la normativa vigente la Ciudad posee un plazo
de cuatro años para poder reclamar dichas cantidades, que
superaron los 50.000 euros. Uno de los convenios suscritos
entre la Ciudad y el Consejo de la Juventud estaba destinado
a la línea telefónica de información sexual, y con cuyo
montante económico se debía pagar la nómina y la seguridad
social de los trabajadores encargados de su funcionamiento.
“Las nóminas sí constan pero la Seguridad Social, no, por lo
que se ha incumplido con el convenio suscrito con la
Consejería; por ello, debemos reclamar”, aclaró Chandiramani.
La otra parte de los daños colaterales la sufrieron los
propios miembros del Consejo de la Juventud, algunos
llegando a formar parte de la Comisión Gestora que por
aquella época se creó antes de su total desaparición.
“Respetamos la resolución adoptada por la jueza pero lo que
sí queda claro es que el CJCE se ha cerrado por la mala
gestión de Mariam Mohamed y porque el Gobierno de la Ciudad
tampoco ha hecho su trabajo”, manifestó Nawal Mohamed, que
representó a Jóvenes Demócratas en la Gestora.
Desde Alternativa XXI, declararon en los mismos términos
añadiendo que el resultado final de este procedimiento ha
sido una “pésima gestión de la ex vicepresidenta, con dos
trabajadores despedidos, una entidad de 25 años desaparecida
y las asociaciones juveniles que se han quedado huérfanas”,
argumentó Emilio Postigo.
Cerrando el círculo de afectados, Miguel Ángel Pérez Triano,
en representación de Juventudes Socialistas, añadió que “la
Ciudad tiene su culpa ya que ha estado ayudando a salvar a
entidades privadas que tenían mucha más deuda y con el
Consejo, no hizo absolutamente nada”, puntualizó.
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