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Antes de expresar nuestro parecer
respecto de la política o el negocio tenemos la obligación
de aclarar lo que entendemos por política (actividad humana
que tiende a gobernar o dirigir la acción del estado en
beneficio de la sociedad) o, en el otro caso, negocio (la
definición por parte de un empresario de las actividades que
se requieran para desarrollar la capacidad de sus empresas
en orden al mejor desenvolvimiento económico de las mismas
y, en definitiva, en dirigir la obtención, legítimamente, de
beneficios fruto de su gestión).
Pero cuando la política se vuelve negocio, bien a través de
comisiones, cohechos, apropiaciones indebidas,
malversaciones de fondos -sean reservados o no- o a través
de otros cauces ocurre lo que viene aconteciendo con
demasiada frecuencia en nuestra nación: el desmadre y la
conversión del puesto político en el negocio mas rentable y
con menor esfuerzo de todos los conocidos. Y viene todo ello
a cuento al reciente caso “Jaume Matas” -ex-presidente del
Partido Popular de Baleares, ex-presidente de la Autonomía
Balear y ex-Ministro de Medio Ambiente- acusado de
corrupción urbanística, junto a la actual presidenta Antonia
Munar y otros cincuenta cargos políticos de las Islas (hemos
dicho algo), en el caso “Palma Arena” (cuya construcción
estuvo presupuestada en 48 millones de euros y terminó
pagando por ella 100 millones de euros) y en otros de
prevaricación administrativa, cobro de comisiones, falsedad
documental, blanqueo de capitales, delitos fiscales y varios
electorales, o sea, solo falta para completar la gama de lo
que puede ser un marco completo delictivo, la “operación” de
aquel concejal que gastó mas de 50.000 euros en prostitución
pagados con su tarjeta de presidente de una empresa
municipal o la de nuestro Consejero de Presidencia Pedro
Gordillo con su “affaire” amoroso en la Asamblea Ceutí, eso
si, todos estos casos delictivos nada tienen que ver con
aquellos otros “legales” como el del parlamentario europeo
español que trasladó su residencia a Canarias para cobrar
mas dietas de viaje, o el de aquel otro alcalde de una
pequeña ciudad que sea atrevió a ponerse un sueldo anual de
126.000 euros.
Y ahora viene lo de sus situaciones políticas pues, que
sepamos, solo unos pocos han sido dados de baja en sus
partidos, donde fueron “exponentes del talante, moderación,
equilibrio y lealtad institucional”, como los casos del
ex-Ministro Barrionuevo o el ex-Secretario de Estado de
Seguridad Nacional Rafael Vera quienes, confesos y
convictos, fueron condenados y a cuyo ingreso en prisión le
acompañaron fieles correligionarios e, inclusive, hasta el
ex-presidente del Gobierno Felipe González, sin que nos
conste que hayan sido dados de baja o no en su partido
político. Algo así como lo que sucede con Bárcenas del
Partido Popular al que se le viene pagando la asistencia
jurídica y sigue perteneciendo a la Cámara Alta como
Senador. Y así seguiríamos contando hasta 800 que son los
cargos nacionales, según estadísticas fiables, de autonomías
o de ciudades que se encuentran incursos en procedimientos
judiciales por asuntos relacionados, de una u otra
condición, con la corruptela.
¿No les parece que son demasiados los cargos públicos que
han optado a la Política para convertir su dedicación en
negocio?.
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OPINIÓN / PERSONAL Y TRANSFERIBLE
