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El consejero de Hacienda de la Ciudad Autónoma, Francisco
Márquez, viajará el próximo jueves a Bruselas para
participar en la reunión de la Conferencia para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Autónomas (CARCE) con el
acicate explícito de Gaspar Zarrías para utilizar la cita
con el fin de concretar oficialmente, con el respaldo
explícito del Estado, en qué quiere el Gobierno local que se
traduzca ese trato singular de las instituciones
comunitarias que viene demandando.
La consultora KPMG, una red global de firmas de servicios
profesionales que ofrecen servicios de auditoría, fiscales y
de asesoramiento financiero y de negocio, a la que la Ciudad
Autónoma encargó un informe sobre la situación de Ceuta en
la Unión Europea y su desarrollo potencial, ha confirmado al
Ejecutivo local que apostar por intentar incorporarse al
grupo de Regiones Ultraperiféricas (RUP) formalmente
reconocidas como tales es un camino muy largo y
probablemente interminable. Una utopía que exigiría
modificar el Tratado de Lisboa, que todavía no ha cumplido
un año.
“El informe recibido confirma que sería posible intentarlo
pero muy difícil conseguirlo”, explicó ayer en declaraciones
a este periódico el consejero de Hacienda, Francisco
Márquez, que el jueves viajará a Bruselas para participar en
una reunión de la Conferencia para Asuntos Relacionados con
las Comunidades Autónomas (CARCE) que excepcionalmente se
celebrará fuera de nuestras fronteras y con la presumible
asistencia de algún comisario europeo, presumiblemente el de
Asuntos Económicos, Olli Rehn.
El consejero encara este viaje consciente de la importancia
que el Estado da a esta cita para que, con el respaldo
explícito del Gobierno central, Ceuta plantee en ella de
manera “expresa” y “formal” en qué entiende la
Administración local que debería traducirse ese “tratamiento
singular” que demanda de las instituciones europeas, un
trato que de obtenerse no sería como el de las RUP y que
habría que definir en un textoa incorporar como anexo al
Tratado de Lisboa.
KPMG recomienda a la Ciudad que recorra esa senda
reivindicativa una vez decidida, si es para bien, su entrada
en la Unión Aduanera, con lo que participaría íntegramente
de todas las medidas y políticas económicas de la UE, paso
que en cualquier caso habría que solicitar primero al Estado
para que este inste a Bruselas a aceptar a Ceuta.
“Tenemos una serie de ideas que esta semana el Gobierno se
encargará de concretar y rematar sobre en qué entiende Ceuta
que debería concretarse ese tratamiento singular y
específico”, advirtió ayer Márquez, que como el resto de
países y regiones de la UE ya piensa en el próximo periodo
de programación económica de la Unión, que ya se comienza a
perfilar a pesar de que su periodo de vigencia irá de 2014 a
2020.
“Consideramos”, amplió Márquez esas “líneas generales” sobre
las que trabaja el Ejecutivo, “que el status que reclamamos
en base a nuestros condicionantes de todo tipo debe
contemplar un marco de mayor estabilidad en lo que a las
aportaciones económias comunitarias se refiere, así como que
debe tenerse el nivel de renta como indicador principal para
definir esa política regional hacia Ceuta”.
El Gobierno que preside Juan Vivas también pretende que la
Unión Europea conceda mayor flexibilidad a la Administración
General del Estado a la hora de conceder ayudas a la ciudad
y a sus agentes socioeconómicos “sin infringir la normativa
comunitaria” o que la percepción y gestión de los fondos
adscritos a programas europeos de naturaleza fronteriza “no
tenga por qué estar sometido estrictamente al beneplácito
del país vecino”.
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“Asegurar” la presencia de las Autonomías en la Comisión
Europea
La Conferencia para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Autónomas (CARCE) tiene
como objetivo asegurar la presencia de las distintas
regiones que componen España en las distintas reuniones
sectoriales de la Comisión Europea. La CARCE garantiza la
aplicación en las Conferencias Sectoriales de los
procedimientos y fórmulas establecidos para la participación
de las Comunidades en los asuntos comunitarios europeos
analizando y evaluando, tanto desde una perspectiva general
como en casos concretos, el grado de aplicación de los
procedimientos y fórmulas de participación y el resultado
alcanzado; formulando propuestas y recomendaciones a las
Conferencias Sectoriales para la efectividad de la
aplicación de los procedimientos y fórmulas de participación
y prestando la asistencia técnica precisa para “resolver los
problemas prácticos de la aplicación de los procedimientos y
fórmulas de participación y para completar y perfeccionar su
contenido”, entre otros instrumentos.
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unión europea
