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La representante del Ministerio Fiscal en la ciudad solicitó
ayer para un hombres acusado de un delito contra la
seguridad vial la pena de 3.600 euros de multa, 90 días de
trabajo en beneficio de la comunidad, la privación del
derecho a conducir vehículos a motor durante cuatro años y
la pérdida de vigencia del permiso de circulación durante el
tiempo de la condena.
Por su parte, el abogado de la defensa pidió la absolución
de su cliente poniendo en tela de juicio la única prueba
presentada por la Policía Local, basada en el test de
alcoholemia que se le practicó al imputado, ya que, al
parecer, “no estaba homologado.
Los hechos debatidos en el acto del plenario tuvieron lugar
el 13 de marzo en el Paseo de La Marina sobre las 04:40
horas, cuando los agentes de la Policía Local detuvieron al
conductor de un Land Cruiser ya que, al parecer, circulaba a
gran velocidad e incluso perdiendo el control, según lo
declarado por el agente policial en calidad de testigo.
Frente a esta alegación, el imputado permaneció todo el
juicio en silencio acogiéndose a su derecho a no prestar
declaración. Según las pruebas aportadas por la fiscal, el
procesado dio como resultado en las pruebas practicadas en
el test de alcoholemia a las que fue sometido 0,97
miligramos por cada litro de aire aspirado, y en una
segunda, 0,95. “Al notarle signos aparentes de embriaguez,
le invitamos al gabinete de atestados de la Policía Local, a
lo que accedió voluntariamente”, aclaró el policía. Con
respecto a esta prueba, el abogado defensor apuntó que era
“la única” y no estaba “homologada”.
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