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España no cuenta con una legislación que regule la práctica
de juegos y apuestas a través de Internet (está en ello). Si
bien la Disposición Adicional Vigésima de la Ley 56/2007 de
28 de diciembre de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información incidía en la necesidad de su regulación, aún no
se ha dotado a España de un marco jurídico que integre y
regule los intereses de los intervinientes en el sector del
juego online. Atentar únicamente contra los operadores
online esgrimiendo la bandera de la ilegalidad, es negar la
realidad de un modelo dual (operadores offline -operadores
online) en el que las previsiones de los juegos online en
España para el 2010 será de 250 millones de euros y en el
2012 de 450 millones de euros.
El Gobierno finalmente ha entendido la necesidad y urgencia
de sacar de la alegalidad el juego por Internet. En enero de
2010 presentó un borrador de Anteproyecto de Ley de
Regulación del Juego (que no de ley) que pretende estar
aprobado en junio, el cual establece un nuevo impuesto para
gravar las apuestas por Internet en el que las CCAA
participan en los ingresos derivados de la nueva regulación,
la necesidad de que el operador cuente con establecimiento
permanente en España y preste garantías de solvencia. Como
otros puntos de interés, señalar la creación de un organismo
de vigilancia con potestad sancionadora y la regulación de
la publicidad del juego, otra de las grandes lacras de
nuestro actual sistema normativo.
Los cimientos de la futura regulación del juego parecen
empezar a tomar forma. Sería el principio de una nueva era
en la que ley, juego e Internet estarían abocados a
entenderse.
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