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Ante la brutal coyuntura económica que padece el país, el
Partido Popular, datos en la mano, ha defendido las
políticas del Gobierno local “generadoras de empleo e
incentivadoras de mayor dinamismo del tejido socioeconómico,
pese a sus escasos recursos”, dijo ayer Francisco Márquez
con los números oficiales aportados por el Estado en función
de la evolución del PIB percápita entre 2001 y 2010 donde se
muestra la contención de la crisis en Ceuta en relación al
conjunto de la nación.
Llama la atención el comportamiento de Ceuta ante la
generalizada crisis que sumerge al país en un callejón de
dificultosa salida. Mientras el Gobierno central y los
sindicatos alaban la siempre bien vista protección social,
que muy pocos discuten, el Gobierno de la Ciudad, con sus
escasa o nula competencia en políticas activas de empleo, ha
basado en la sostenida inversión pública al alza, en la
mejora de la calidad de los servicios públicos y los
programas formativos y de incentivos a las empresas
(Procesa), su mejor activo para afrontar este agujero
económico por el que atraviesa el país. Si bien, es de tener
en cuenta el aporte interesante de la inversión pública
estatal.
Pero los datos están ahí. Frente a los defensores de que en
Ceuta no existe la concertación o diálogo social y traban
cualquier intento de evitar la confrontación en tan
delicados momentos, lo cierto es que pese a que en el resto
del país se trazan medidas de acuerdo social, las cifras
ofrecen peligrosos síntomas de catástrofe futura en lo
concerniente a la conocida sociedad del bienestar.
El desempleo cada vez de mayor tasa, el cierre de pequeñas y
medianas empresas con la destrucción de puestos de trabajo
que ello conlleva y que produce un efecto negativo, letal,
en la cuenta de resultados de la ‘caja común’ provoca cuanto
menos la percepción de que no vale sólo con aportar dinero
público para solventar coyunturalmente las negativas
circunstancias de la crisis. El ‘pan para hoy y hambre para
mañana’ es una política peligrosa si no se acompaña de
medidas de corte liberal (controladas eso sí) pero que
sirven para que las empresas se activen y que éstas generen
empleo. Así debe ser.
Desde el ámbito de lo público se invierte en obras, en
formación, en incentivos. Eso lo hace el Gobierno de la
Ciudad Autónoma.
La reforma del mercado laboral, la concertación social y el
pacto de Estado para combatir con medidas excepcionales
(gusten o no) este grave periodo es algo que debe exigirse a
quienes forman parte activa de todo este tinglado que hoy
por hoy se llama España.
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“Ayudas a la formación e incentivos a las empresas”
“La Sociedad de Fomento (PROCESA)
y la Consejería de Economía, Empleo y Turismo promueve
talleres de empleo, escuelas taller, actividades en materia
de colaboración social, lo que ha contribuido en crear más
de 900 empleos netos. La Ciudad dispone también de un
sistema de ayudas a las empresas que logra generar puestos
de trabajo. Es el programa de subvenciones que Procesa tiene
en marcha lo que proporciona una media de 125 nuevos empleos
al año”. Esto lo ha defendido el consejero de Hacienda y
portavoz del Partido Popular, Francisco Márquez en la rueda
de prensa ofrecida ayer tras la reunión que esta formación
mantuvo con Comisiones Obreras. Márquez valoró la actitud
del Gobierno Vivas en estos últimos ocho años “de
estabilidad institucional donde el interés general ha
prevalecido siempre”, destacó.
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