Con la Orden ministerial que regula la admisión de alumnos
publicada ayer en el BOE sin fechas ni baremos, el líder de
UDCE, Mohamed Ali, pedirá por escrito a la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación que antes de publicar
sus criterios estudie la posibilidad de “reducir el peso que
tiene el domicilio familiar en los baremos de
escolarización” y de “financiar el desplazamiento de los
alumnos de renta baja a las escuelas alejadas de su
domicilio”, entre ellas los centros concertados.
El líder de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali (UDCE),
pedirá por escrito al director provincial del Ministerio de
Educación, Aquilino Melgar, que no deje pasar la oportunidad
que se le ofrece y que antes de dar a conocer los baremos de
escolarización que guiarán este proceso para el año
académico 2010/2011 se plantee la conveniencia de “reducir
el peso que se le piensa dar al domicilio familiar en los
baremos de ordenación de las solicitudes de plaza escolar”
y, además, de “financiar el desplazamiento de los alumnos de
renta baja a las escuelas alejadas de su domicilio” para que
“los principios recogidos hoy [por ayer] en el BOE sean
efectivos y mejoren nuestra realidad”.
Durante la última Asamblea Ordinaria de su partido, en la
que fue reelegido al frente de la formación localista, esta
ya dio su apoyo a la ponencia que, sobre el sistema
educativo, se defendió con, entre otras, las propuestas de
“fomentar el contacto intercultural” y de “eliminar barreras
a través de la mejora de las comunicaciones y transportes”.
Desde entonces hasta aquí nuevos argumentos han venido a
alimentar las inquietudes de UDCE. “La Fundación
Alternativas”, explicó ayer Ali en declaraciones a este
periódico, “acaba de publicar un interesante estudio
titulado ‘Los efectos de los conciertos sobre la eficiencia
y la equidad del sistema educativo español’ que se ajusta
como anillo al dedo a las particularidades sociales y
educativas de Ceuta”.
En dicho estudio se da por probado que los conciertos
firmados entre las escuelas privadas y la Administración
educativa “no han logrado equiparar las oportunidades de
elección de centro escolar de todas las familias, sino que
han propiciado que las rentas medias-altas hayan abandonado
el sistema público de enseñanza, el cual se ha convertido en
el receptor principal de los estudiantes procedentes de los
entornos menos favorecidos socialmente”.
Segregaciones escolares
Adicionalmente, el trabajo pone de manifiesto que en el
sector concertado la distribución de los estudiantes de
diferente nivel socioeconómico “es más desigual que en el
sector público”, el que se agrupan los alumnos menos
favorecidos socialmente, si bien éstos se distribuyen entre
las escuelas de manera más homogénea que en el sistema
concertado, donde se detecta una mayor segregación interna”.
“El informe”, analiza Ali, “señala que esto puede deberse a
una mayor propensión a elegir entre los grupos que asisten
al sector concertado o a una ‘política de selección
encubierta del alumnado’ que la Dirección Provincial es
responsable de erradicar, si existe, y en cualquier caso de
prevenir y evitar que aparezca para no vernos condenados a
un modelo social basado en un determinismo socioeconómico
que repercute directamente en los logros académicos de
alumnos y centros educativos y, por tanto, en la situación
futura de los individuos”. Desde el punto de vista de UDCE
“la Ley Orgánica de Educación impone la necesidad de
equilibrar la distribución de los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo en los centros públicos y
concertados no sólo atendiendo al lugar de procedencia o
residencia de los estudiantes, sino también a su contexto
sociocultural”.
“Reducir el peso que se da al domicilio familiar en los
baremos de ordenación de las solicitudes de plaza escolar,
financiando en su caso el desplazamiento de los alumnos de
renta baja a escuelas alejadas de su domicilio sería una
medida adecuada, siquiera como proyecto piloto, para luchar
contra ese vicio que se aprecia no sólo en Ceuta sino en el
conjunto del Estado”, opina Ali, “ya que como señala el
informe de Alternativas ‘las importantes desigualdades
informativas y económicas a que se enfrentan las familias de
diferente nivel de renta a la hora de poner en práctica el
derecho de elección de centro escolar reclaman que la
normativa que regula este derecho se acompañe de mecanismos
de discriminación positiva hacia las familias más
desfavorecidas”.
La Administración es bastante refractaria a este tipo de
propuestas, no sólo por los problemas logísticos que
entrañaría el desplazamiento de un número más o menos grande
niños desde barriadas periféricas al centro, sino también
por la opinión de expertos que apuntan que podría ser
contraproducente sacarlos del colegio de su contexto
familiar.
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