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La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta
ha dictado sentencia absolutoria para un ceutí imputado por
la famosa Operación Marinas, el mayor operativo contra el
blanqueo de capitales en la ciudad autónoma. El tribunal de
la Sala cree que la patología psíquica que padece el acusado
hizo que no se percatara de que estaba siendo utilizado por
personas u organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Argumento en el que insistió que durante el juicio el
letrado de la defensa.
El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de
Cádiz en Ceuta ha dictado sentencia absolutoria para un
ceutí imputado por un delito de blanqueo de capitales que lo
relacionaba con la Operación Marinas de 2002.
El fundamento jurídico en el que se han basado los tres
magistrado que presiden la Sala, y que protagonizó el
alegato del letrado de la defensa, es la patología psíquica
que padecía el imputado al que los jueces han considerado
como “la típica víctima propiciatoria de ser utilizada por
personas u organizaciones dedicadas al tráfico de hachís,
sin que se percatara de que estaba participando en una
actividad delictiva”, refleja la sentencia. Además se
argumentar la inexistencia del “dolo” necesario para este
tipo de delitos y que se le atribuía al procesado.
Los hechos que han considerado probados los magistrados es
que el imputado llegó a ser titular, entre los años 1997 y
2001, de cuatro embarcaciones neumáticas semirígidas,
equipadas con cuatro motores fueraborda, cuyo valor en el
mercado era de 95.000 euros y que se destinaban normalmente
al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes a través del
Estrecho. Además de tener antecedentes médicos por
politoxiconomía, trastorno esquizotípico, discapacidad
global del 58% y una minusvalía del 66%. Aunque “no se ha
acreditado que el acusado sea miembro activo en la
estructura de ninguna organización delictiva”, aclara dicho
documento.
Este procedimiento tuvo su origen en las diligencias previas
seguidas en el Juzgado de Instrucción número 3, donde tras
la práctica de las pruebas se acordó la continuación de las
actuaciones. Más tarde sería el Ministerio Fiscal el que
presentase el escrito de acusación por el presunto delito de
blanqueo de capitales, pidiendo la pena de seis años de
prisión y una multa de 95.000 euros con privación del
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
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