El secretario de Economía del PSOE de Ceuta, José María Mas,
ofreció ayer una rueda de prensa para denunciar que el
Gobierno está a punto de agotar el límite anual de
operaciones transitorias de Tesorería establecido por el
Estatuto para todo el año. Entre lo que dijo y lo que se
contó que había dicho se montó la gresca.
El asunto de fondo es que el Estado, como ha reiterado
recientemente por escrito a la Ciudad, no puede pagar antes
la desviación del IPSI que está obligado por Ley a abonar a
Ceuta cada año. Así, el Gobierno central sigue abonando en
verano, en julio o agosto, el dineral que debe por el
ejercicio anterior.
El pago de la diferencia acumulada el año pasado entre la
fórmula matemática establecida en 2004 que fija la previsión
de ingresos de cada año de varios tipos del IPSI
(desorbitada sobre la realidad) y lo efectivamente recaudado
se percibirá por parte de la Hacienda local en unos meses,
pero mientras la Ciudad hace uso de lo presupuestado desde
el 1 de enero pidiendo a los bancos que se lo adelanten.
Márquez elevará hoy a Pleno una propuesta para concertar una
de esas operaciones transitorias de Tesorería por valor de
17 millones, el montante al que ascienden actualmente las
“tensiones” en la caja pública.
El secretario de Economía del PSOE de Ceuta, José María Mas,
compareció ayer ante los medios para denunciar que con ella
se rozará el límite fijado por el Estatuto en el 30% de los
ingresos ordinarios de la Ciudad para firmar pólizas de este
tipo. Dicho techo está fijado este ejercicio en 66,4
millones. Como la Ciudad ya tiene concertados 49 le quedan
por pedir otros 17,4.
Más presentó esta política como una clara “contradicción”
entre la apuesta por contener el déficit que la Ciudad
refrendó esta semana ante el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y su escasa voluntad por contener el gasto
corriente. Además, criticó que no sean una prioridad de la
Ciudad las inspecciones fiscales sobre el IPSI Importación,
que compensa el Estado.
El problema fue que además habló de “endeudamiento” y que
los medios trasladaron la arremetida socialista en esos
términos a Márquez, con lo que este replicó al PSOE que no
se enteraba de nada, distinguió que el límite estatutario en
términos de carga financiera está en el 25% de los ingresos
anuales de carácter corriente “y no en el 30%” y precisó que
aún se está muy lejos del mismo (en el 17%).
Cuando el consejero conoció las verdaderas intenciones de la
denuncia socialista corrigió su respuesta: “Este no es en el
fondo más que un debate contable porque si la Ciudad
concierta este tipo de operaciones de Tesorería sobre
ingresos garantizados y cuya cancelación se produce de
manera inmediata es porque el Estado no abona a la
Administración local sus obligaciones legales sobre el IPSI
hasta mediados del año siguiente, aunque esos fondos se usan
desde enero”, explicó.
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