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El PP ha presentado una Proposición no de Ley para pedir que
el personal sanitario penitenciario, que es competencia del
Ministerio del Interior, se integre en el Sistema Nacional
de Salud para garantizar la igualdad de los profesionales
sanitarios y asegurar de este modo el derecho a la salud de
los pacientes internos en las cárceles españolas. Antonio
Gutiérrez, consideró “prioritario” que la sanidad
penitenciaria sea considerada “exactamente igual” que la del
resto de los españoles.
En rueda de prensa, el diputado del PP por Melilla, Antonio
Gutiérrez, consideró “prioritario” que la sanidad
penitenciaria sea considerada “exactamente igual” que la del
resto de los españoles “no sólo en función de los
profesionales, sino también de la población reclusa”.
Gutiérrez insistió en que es necesario asegurar el derecho a
la salud de los pacientes internos en los centros
penitenciarios, puesto que “son exactamente iguales, salvo
que están privados de libertad por la comisión de algunos
delitos que el resto de los españoles”.
No en vano, recordó que “constitucionalmente, todos los
españoles tenemos derecho al trabajo y a la salud como
derechos inviolables de las personas”, de modo que “donde la
Constitución no distingue, nosotros no debemos de
distinguir”.
Opinó que en la actualidad, la población reclusa no tiene
considerado ese derecho a la salud “de facto”, y si lo
tienen es “porque hay una serie de profesionales que hacen
un trabajo ímprobo”, a pesar de que “tienen una serie de
limitaciones económicas, retributivas y de movilidad
geográfica distinta a la del resto de profesionales
sanitarios”.
El diputado popular afirmó que las diferencias retributivas
entre los profesionales de la sanidad penitenciaria y el
resto pueden superar el 15 por ciento, ya que los primeros
no disfrutan de una serie de complementos, como el
específico de destino, mientras que el de difícil desempeño
está congelado desde hace ya un tiempo.
Además, no tienen reconocida la carrera profesional, ya que
la escala es única, de modo que “la diferencia de sueldos se
va haciendo más llamativa a medida que se desciende” en la
escala.
Esto ha provocado que los profesionales sanitarios no
quieran optar a las plazas en los centros penitenciarios,
que están quedando vacantes y no se cubren.
“Entramos en un terreno donde es necesario actuar con una
celeridad suficiente”, advirtió el diputado, que denunció la
“precariedad absoluta” en la que se encuentra la sanidad
penitenciaria, lo que provoca que en muchos casos haya que
efectuar traslados de pacientes reclusos a hospitales. Estos
traslados son “poco agradables” porque se efectúan con
furgones policiales, de modo que “la condición de recluso
prima sobre la condición de paciente”.
Gutiérrez explicó que ya en la aprobación de la Ley General
de Sanidad y la Ley de Calidad del Sistema Nacional de
Salud, del año 2003, se recogía que las competencias en
sanidad penitenciaria son del Ministerio del Interior,
aunque “decíamos que deberían transferirse al Ministerio de
Sanidad”. De este modo, se pretendía que Sanidad
transfiriera estas competencias a las comunidades autónomas
que tienen entre sus responsabilidades la gestión sanitaria,
o al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en el
caso de Ceuta y Melilla, que no tienen las competencias.
Hasta ahora, sólo se han transferido las competencias de la
sanidad penitenciaria a Cataluña, y está en proceso de
hacerse en Navarra y Aragón.
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partido popular
